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martes, 28 de enero de 2020

Hacia la huelga general en Euskal Herria

Hacia la huelga general en Euskal Herria

Reproduzco a continuación el artículo publicado con Jon Las Heras en el blog Lanaren Ekonomia

Asimismo ha sido reproducido en Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión - ICEA , Economía Crítica y Crítica de la Economía , Viento Sur , Meneame ,

Greba Iruñean 

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convoca el próximo 30 de enero huelga general en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra bajo la consigna “pensiones, salarios y vida digna”. La plataforma agrupa a los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde e Hiru, así como movimientos sociales impulsados por organizaciones juveniles, feministas, ecologistas o de pensionistas. A esta huelga también se adhiere el sindicato CNT. Todas estas organizaciones sindicales y movimientos sociales agrupan y representan a por lo menos 200.000 militantes en Euskal Herria.

“La huelga debe entenderse en clave ofensiva, va más allá de las anteriores huelgas generales que solo buscaban aplacar reformas neoliberales”

La convocatoria de huelga se anunció el pasado 23 de octubre de 2019, es decir mucho antes que estuviera conformado ningún gobierno en el estado, ni tan solo celebradas las últimas elecciones. Por lo tanto, la huelga debe entenderse en clave ofensiva, pues va más allá de las dinámicas de las anteriores huelgas generales en el Estado que solo buscaban aplacar reformas neoliberales. Esta vez, la tenacidad del movimiento de pensionistas ha sido el motor de la mayoría sindical y militancia social vasca, uniendo las diferentes reivindicaciones bajo un marco común determinado: impulsar un cambio de política económica para la redistribución de renta y riqueza, así como una defensa firme de la igualdad de género y sostenibilidad de las condiciones de trabajo y vida. Quizás sea el hecho de que esta huelga no espera a que los gobiernos de turno decidan cuál es el rumbo que nuestra sociedad debe seguir lo que ha generado mayor crispación y rechazo entre ciertos actores sociales. Entender el programa y su trascendencia es necesario para disipar cualquier duda al respecto.

viernes, 25 de octubre de 2019

Economía capitalista: conflicto y poder sindical

Economía capitalista: conflicto y poder sindical


Reproduzco a continuación el artículo publicado con Jon Las Heras en el blog Economía para todas en El Salto

Asimismo ha sido reproducido en Avantar - Diario dixital de Confederacion Intersindical Galega , Economía Crítica y Crítica de la Economía , Viento Sur , Borroka Garaia da! , Rebelion ,  Kaosenlared , GREPA - Grupo de Economía Política Alternativa 



No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes

Si al estudiantado de economía se le pide que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas económicos, crisis económica, poder económico o clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana, regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito nacional e internacional [1].

Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a cursos de introducción a la economía política como base de planes de estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.

El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así como el poder institucional de la patronal, gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir para distribuir ese valor económico producido entre salarios y beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos económicos dominantes, porque la ideología y política liberales determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e interactuar con el prójimo.

Esta explicación quizás pueda parecer demasiado teórica o abstracta. Quizás con un par de ejemplos concretos derivados de procesos de crisis empresarial, enmarcados en los ciclos y crisis económicas recurrentes en el capitalismo, sea posible engarzar el discurso académico con la realidad económica y de las relaciones laborales, apuntando así a la necesidad imperiosa de desarrollar una actitud crítica para organizar prácticas más subversivas y emancipadoras de la realidad que nos rodea.

El pasado año 2018 en un grupo empresarial en Euskalerria dedicado a la fabricación de tubo industrial de acero, la dirección del mismo presentó un plan de reestructuración que buscaba “asegurar la viabilidad empresarial” afectando principalmente a la planta productiva situada en Sestao y Trapagaran, en Bizkaia. Este plan consistía en aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el despido colectivo de 157 trabajadores de un total de 420 (mayoría hombres), la reducción de un 25% de los salarios para aquellos que no fueran despedidos, y el cierre de la acería de la planta que implicaba a medio plazo el cierre de la misma en la comarca. La plantilla, organizada en varios sindicatos, planteó una oposición razonada en la ausencia de causa económica y productiva para el despido colectivo y el cierre de la acería. Durante el proceso exigió la documentación e información necesaria para realizar, por medio de sus gabinetes técnicos, un análisis económico de viabilidad industrial que resultó certero y permitió mantener el empleo y la industria, como se demostró posteriormente. A su vez pese a la cobertura legal, por las reformas laborales de PSOE y PP (2010-2012), y la voluntad del grupo empresarial de despedir a la gente y cerrar la planta, situada en una comarca de permanente desindustrialización, los trabajadores organizaron una huelga indefinida de jornada completa que se alargó 43 días hasta que la dirección cedió y retiró el ERE, hecho muy poco habitual en este tipo de procesos, sin imponer posteriormente medidas de despido o reducción salarial. Esta huelga, secundada por toda la plantilla e impulsada principalmente por los sindicatos vascos ELA, LAB y ESK, de un perfil reivindicativo, de contrapoder, tuvo el apoyo de las respectivas cajas de resistencia para que los trabajadores pudieran mantener un nivel suficiente de ingresos pese a la pérdida de salario por ejercer el derecho a huelga. De otra forma y con otros planteamientos sindicales, hubiera sido imposible el mismo resultado.

Durante el conflicto, el Gobierno Vasco, con competencias tanto en Industria (PNV) como en Trabajo (PSOE), trató de “mediar” en clave de dialogo social ante la solicitud del grupo empresarial acorralado por la presión sindical de huelga, con la intención de debilitar la posición de poder sindical y las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la mediación no fue aceptada y no consiguieron sus objetivos. La expresión del conflicto en este caso, en un sector industrial masculinizado, se centró en quien paga la contracción económica cuando ha existido un abundante reparto de beneficios en años anteriores. La defensa del empleo, la actividad industrial y del salario resultó efectiva gracias a la oposición de estos sindicatos a los planes del grupo empresarial, en contraposición a un grupo empresarial que piensa primordialmente en maximizar rentabilidad y beneficios, o a un gobierno que trata de intervenir en defensa de los intereses de sus empresarios. La lógica de concertación social, la mediación del gobierno entre el trabajo y el capital, perseguía con la falaz búsqueda del “término medio”, permitir que se impusieran los objetivos empresariales [2].

domingo, 25 de septiembre de 2016

Revitalización sindical: el pilar de la negociación colectiva y la política sindical

Reproduzco a continuación el artículo publicado en el blog Radicales Libres del Diario Público.

Asimismo ha sido reproducido en Economía Critica y Crítica de la Economía , Rebelion ,  

En un artículo anterior, hacía referencia a cuatro pilares dónde sustentar la revitalización sindical que dependen fundamentalmente del propio sindicalismo: negociación colectiva y política sindical; gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical. En este artículo voy a centrarme en el primero de ellos.

El primer pilar donde sustentar la revitalización sindical es la negociación colectiva y la política sindical, sin duda causa y efecto de las concretas relaciones de poder entre empresarios y trabajadores. Es el espacio dónde cristaliza la correlación de fuerzas sociales, patronales y sindicales, así como el punto de partida para sucesivas rondas de conflicto en empresas y sectores. El sindicalismo revitalizado es capaz de regular mejores condiciones sociales y de empleo gracias a su poder en la correlación de fuerzas, más allá e incluso pese a la voluntad legislativa de los gobiernos. Es en la negociación colectiva dónde se materializa la utilidad y legitimidad del sindicalismo para reclutar afiliación en tanto se mejoran -o empeoran menos en contextos de crisis económica y empresarial- las condiciones de empleo y vida. Además, la capacidad de sindicalizar la totalidad de la estructura económica y extender la cobertura de la negociación colectiva con contenidos a más ámbitos laborales, es clave para reforzar este pilar del sindicalismo revitalizado. No en vano la negociación colectiva es el eje central de las relaciones laborales, el ámbito de la primera distribución de la renta entre salarios en sentido amplio -incluidos indirectos y diferidos- y beneficios empresariales.

De entrada, muchas organizaciones sindicales coinciden en que es fundamental la potenciación de las Secciones Sindicales cómo espacio de trabajo sindical y reclutamiento de afiliación, fomento de la participación, movilización y militancia. El sindicato será en los centros productivos o no será, y el sindicato en los centros productivos son las Secciones Sindicales. Dicho planteamiento lo corrobora también Vidal, Jódar y Alós, en relación a la participación y militancia sindical en CCOO. Con éste objetivo de incrementar la afiliación, participación y militancia sindical, el uso de las asambleas de trabajadores y trabajadoras cómo espacio de debate y decisión, a la vez que generar espacios de participación y trabajo sindical impulsado por las Secciones Sindicales, se torna fundamental con ese objetivo de incrementar la ratio militantes/afiliadas tanto en los centros de trabajo cómo en las federaciones sindicales territoriales.


Es preciso recuperar salarios para recuperar empleo, fijando la subida agregada salarial, en relación al nivel agregado de producción y ventas -o mayores incluso-, sin que afecte a la viabilidad empresarial ni al margen financiero para la generación de empleo.

El uso de las Secciones Sindicales, además en ámbitos empresariales complejos (grupos de empresas, empresa principal – empresas externalizadas) o centros de trabajo (polígonos industriales, polígonos de oficinas, calles y centros comerciales, puertos, aeropuertos, autopistas y autovías, zonas turísticas, etc.), es imprescindible para intervenir de forma efectiva ante las estrategias empresariales postfordistas, generando unidades de negociación aparentemente imposibles, articulando de forma flexible la negociación colectiva integrándola: cómo Convenios colectivos de grupos empresariales, incluyendo las diferentes formas jurídicas con las que se fragmentan los grupos mercantiles, integrando también a empresas auxiliares, subcontratadas y proveedoras, o desde perspectiva de centro de trabajo, con convenios colectivos que consigan romper con las relaciones triangulares entre diferentes empresas en un mismo centro -ETTs, multiservicios, etc-. De esta forma se conecta con importantes colectivos de trabajadoras, que se afilian percibiendo el sindicalismo operativo para incidir en su realidad laboral [1]. Este aspecto se vincula además con la literatura y experiencias que se están dando sobretodo en países anglosajones de sindicalismo comunitario y sindicalismo de movimiento social, promoviendo estrategias de “organizing”, cómo forma de implicar a trabajadores y trabajadoras en las empresas, incrementar la militancia y poder sindical en la empresa, así como tejiendo alianzas con la comunidad -usuarias, clientes, ciudadanía- en las reivindicaciones laborales [2].

Asimismo, la necesidad de asentar negociación colectiva con mejoras tangibles en el actual contexto político y económico obliga a construir la negociación colectiva desde el poder sindical en los centros productivos y la pluralidad empresarial, es decir en aquellos ámbitos dónde la correlación de fuerzas unida a la capacidad de presión económica y de huelga permita ir a acuerdos que ganen terreno sustancialmente al capital. Los ámbitos que sin duda pueden ser punta de lanza son aquellos territorios -ya citados- y sectores estratégicos, tanto para la dinámica de valorización de la economía capitalista, cómo para el desarrollo del ciclo vital, siendo éstos últimos además especialmente precarios y feminizados. Dichos sectores y subsectores se ubican territorialmente y en los ámbitos del transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones, finanzas, la energía, la limpieza, los cuidados, etc. Son sectores dónde se podría, desde una perspectiva de revitalizar el poder sindical, poner más énfasis en la afiliación, militancia y negociación colectiva. Tal cómo expresa Daniel Albarracín: “La lucha sindical puede ser muy efectiva reconociendo los puntos débiles de la cadena de valor, en los que interrumpiendo el proceso de valorización, se pueda anclar un poder tanto de negociación como de influencia en la dirección empresarial, hasta el punto de disputar el poder en las empresas”. La dificultad de un sindicalismo inclusivo y solidario, es combinar e integrar ámbitos laborales con mayor poder de negociación con aquellos que aún siempre teniéndolo, sean menores y requieran de mayor esfuerzo organizativo y de acción. Todo lo anterior es imprescindible enlazarlo con una buena política comunicativa de logros y defensa ante discursos de ataque antisindical.

En cuanto a contenidos propiamente, se empieza a socializar la perspectiva de poner en el eje principal, al inicio del debate y redactado de los convenios colectivos -no al final-, los derechos de información, consulta, participación y control sindical, puesto que para un sindicalismo de contrapoder real, no de acompañamiento a las decisiones del capital, supone ganar terreno a la incertidumbre generada por las decisiones empresariales, situándose en mucha mejor posición en sucesivas rondas de conflicto y negociación colectiva [3]. El acceso a la información empresarial -económica, productiva, organizativa-, es sin lugar a dudas uno de los principales elementos de resistencia por parte de la patronal en tanto supone acceder en igualdad de condiciones a una fuente crucial de poder en las relaciones laborales. Sin lugar a dudas “la información es poder”. El poder de dirección estratégica y operativa empresarial puede encontrar un contrapoder sindical real si se adopta cómo perspectiva táctica la de introducir en la negociación colectiva un control sindical en las diferentes áreas clave de las empresas: inversión –con fondos colectivos de asalariados-, planes de producción y organización del trabajo, políticas laborales de despido -limitándolo, incrementando indemnizaciones y fijando derecho de opción para la readmisión al trabajador/a en caso de improcedente- y contratación -con bolsas sindicales de empleo–[4], y acceso completo a la información económico-financiera y productiva generada: documentación productiva y plan de producción, control administrativo de los ingresos y gastos en efectivo (libro de caja) o por medio de bancos, acceso a los libros contables y documentación que sustenta las partidas contables, así como a toda la demás documentación contractual, económica, fiscal y laboral, de género, ecológica y de salud laboral generada por las empresas. Es decir, lo que en otras épocas y sistemas de relaciones laborales como el inglés se ha venido a denominar contabilidad empresarial con “libros abiertos”. El control sindical (sobre la información empresarial, el proceso de trabajo, la distribución del valor generado y las decisiones estratégicas) permite andar el camino para ganar la democracia económica. Con un proceso gradual de agregación de objetivos e instrumentos de empresa a empresa, sector a sector, es factible construir los principales instrumentos y objetivos de la política económica, industrial y laboral para influir desde el sindicalismo en dichas políticas que son determinantes para el poder sindical: aplicación de políticas de pleno empleo, altos salarios, inversión productiva equilibrada y ecológicamente sostenible, consumo responsable, amplía la base social y potencialmente afiliativa del sindicalismo, a la vez que se reorientan los objetivos de política económica e industrial hacia objetivos realmente sociales y sostenibles [5]. Intervenir en éstos parámetros permite evitar ir a una devaluada, inoperante e incluso contraproducente concertación social con la patronal y unos gobiernos servidores de la misma, cuando se acuerdan y legitiman contenidos regresivos socialmente o que erosionan el propio poder sindical (aceptación de ETTs, temporalidad, paro masivo, etc.).


Es precisa la reducción de jornada laboral sin reducción salarial y el reparto del empleo, para reducir el desempleo orientando desde la negociación colectiva la política económica hacia el pleno empleo.

Asimismo, también desde una perspectiva instrumental, la inclusión de cláusulas de blindaje contra las reformas laborales -ultraactividad indefinida, imposibilidad de descuelgue de convenios -salarios, jornada-, prohibición de despidos forzados e incremento de indemnizaciones para improcedentes- son un buen ejemplo de la posibilidad de legislar pro-operario desde el poder sindical dejando sin efecto las contrarreformas laborales de la derecha política y económica (PSOE y PP), a la par que asientan otro punto crucial del poder sindical, tal que el poder contractual del sindicato y su capacidad de hacer cumplir los acuerdos a la patronal. Algunos convenios colectivos acordados en Euskadi y Navarra son un ejemplo en este sentido, tanto sectoriales -alargando ultraactividad o haciéndola indefinida- y de empresa -con ultraactividad indefinida y cláusulas antidescuelgue por causas económicas, entre otras de las cláusulas citadas- [6].

Respecto a la negociación contractual y de empleo, solamente mediante la negociación colectiva es posible limitar la discrecionalidad legal en cuanto a contratación limitando o eliminando la contratación temporal, el uso de subcontratación y ETTs. Asimismo la extensión del empleo a tiempo parcial cómo ahorro empresarial y desempleo encubierto, obliga a limitar su uso. Por lo tanto la norma social debiera estar en coordenadas de contratación indefinida a tiempo completo cómo principal. Lo contrario supone no solamente precariedad sino dar todo el poder contractual a la patronal dividiendo el segmento asalariado y favoreciendo dicha división entre fijos, subcontratados, precarios y desempleados. Además, en esta área sería preciso implementar medidas de control sindical del empleo por medio de bolsas de empleo cómo las citadas en el apartado de contenidos instrumentales de negociación colectiva. Es evidente que cualquier política sindical que acepte el mantenimiento o empeoramiento de las condiciones legales o las políticas empresariales de contratación y empleo, está erosionando sus propias fuentes de poder sindical en el mercado de trabajo. Romper con la precariedad facilita la afiliación y participación sindical.

En cuanto a la negociación salarial, sin duda es preciso recuperar salarios para recuperar empleo, fijando la subida agregada salarial, en relación al nivel agregado de producción y ventas -o mayores incluso-, sin que afecte a la viabilidad empresarial ni al margen financiero para la generación de empleo. Lo anterior permite recuperar salarios perdidos que han ido a rentas del capital productivo o financiero, limitando dichas rentas y ampliando las laborales además del nivel de empleo. En palabras de Kalecki “un aumento salarial que refleje un mayor poder sindical conduce –contrariamente a los preceptos de la economía clásica– a un aumento del empleo. E inversamente, una reducción salarial que refleje un debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos conduce a una reducción del empleo. La debilidad de los sindicatos en una etapa de depresión que se manifieste en la aceptación de reducciones salariales contribuye a profundizar el desempleo en lugar de mitigarlo.” Por la configuración de la economía española, el incremento salarial fuerte estimularía el crecimiento dado que cualquier posible perjuicio del aumento salarial sobre la inversión se compensaría con el aumento de la demanda agregada a él asociado (véase Naastepad, C.W.M. y Storm, S. (2007) “OECD demand regimes (1960-2000)”. Journal of PostKeynesian Economics, 29, 211-246). Sin duda también es imprescindible introducir en toda la negociación colectiva salarios mínimos dignos que permitan sostener la vida rompiendo la precariedad y el fenómeno “working poor” -trabajador/a pobre-, afectando los bajos salarios sobretodo a empleos feminizados [7]. Asimismo es necesario vincular las subidas al coste de vida con cláusula de salvaguarda de IPC real del territorio, que varía sustancialmente según el territorio de referencia. En cuanto al modo de las subidas, la negociación salarial reciente siempre ha referenciado las subidas al incremento de precios y/o a un porcentaje igual para todos los salarios, lo que supone el mantenimiento de abanicos con diferencias salariales muy amplias y por lo tanto mucha desigualdad de ingresos entre trabajadores y trabajadoras. Hay que tener en cuenta también que muchos altos salarios de cuadros superiores, gerentes, administradores y socios capitalistas, son en realidad beneficios o reparto de dividendos disfrazados en nómina fija, variable e incluso en especie. A este respecto, es necesario recoger la experiencia nórdica en la negociación colectiva para, por un lado integrar en los convenios colectivos y fiscalizar correctamente todo devengo salarial en las empresas estableciendo salarios máximos en relación al salario mínimo, e implementar subidas salariales lineales sobre el salario base, ya sea un montante igual en cada tramo de la estructura salarial o de forma inversamente proporcional, es decir mayor incremento lineal para los salarios más bajos, cómo forma de acelerar la reducción del abanico salarial en la negociación colectiva, reduciendo con ello de forma muy importante también la brecha salarial por género [8]. La experiencia Sueca impulsada por los economistas sindicales Gösta Rehn y Rudolf Meidner, trataba de implementar esta lógica de “a igual trabajo, igual salario”, lo que se vino a denominar “política salarial de solidaridad”. Por último, en relación a la desigualdad y a la imposición sistemática por parte de la patronal de una “política salarial de individualización y control” es imprescindible eliminar las dobles escalas salariales, toleradas por la jurisprudencia, así como los salarios variables vinculados a objetivos individuales que controlan los empresarios. Lo anterior permite reconfigurar las relaciones de poder al eliminar discrecionalidad empresarial a la vez que homogeneizar las condiciones de las plantillas eliminando divisiones al igualar condiciones salariales [9].

En cuanto a la negociación de la jornada laboral, es precisa la reducción de jornada laboral sin reducción salarial y el reparto del empleo, para reducir el desempleo orientando desde la negociación colectiva la política económica hacia el pleno empleo. Lo anterior implica la limitación y/o prohibición de horas extraordinarias y la limitación del uso de flexibilidad de jornada u horaria. Este tipo de medida favorece además la conciliación entre trabajo productivo, reproductivo y comunitario a la vez que centrando el objetivo en la creación de empleo, con una orientación hacia el pleno empleo, con contratación indefinida, se aborda la recomposición estratégica de la fractura desempleo-precariedad-empleo. Todo ello supone también incrementar la base social potencialmente afiliativa y militante sindical en el marco de esa “batalla política por el pleno empleo” [10].

Por último y cómo cierre de este apartado, sin duda es obvia la fuerte interrelación laboral, productiva y económica de las tres variables apuntadas, que por lo tanto se deben abordar en relación y coordinación para evaluar su impacto económico en las empresas. Esta coordinación de contenidos sustantivos permite, pese al discurso empresarial dominante, maximizar empleo y salarios. Acotando el debate, es factible en la negociación colectiva el establecimiento de salarios máximos (y control del gasto superfluo a la vez que de los ingresos fraudulentos) que permitirán a las empresas disponer de capacidad financiera para: incrementar salarios mínimos y más bajos de la estructura salarial, reducción de jornada laboral sin afectar el salario/hora, y consecuentemente la posibilidad de un incremento de la contratación y empleo. Por tanto, sí es posible articular una orientación de política económica de pleno empleo e incrementos salariales para la mayoría de trabajadores y trabajadoras desde la negociación colectiva. Quizás también es la única forma realmente efectiva de hacerlo.

En lo que respecta a la negociación colectiva defensiva, eso es, en los procesos de reestructuración empresarial con planteamiento de despidos colectivos o modificación sustancial de condiciones de trabajo, son si cabe más importantes las cláusulas de anticipación económica y control sindical citadas anteriormente desde una perspectiva instrumental. Además, una de las principales críticas que hacen los trabajadores y trabajadoras a las organizaciones sindicales se da precisamente en estos contextos, por el hecho de ceder en el mantenimiento del empleo y aceptar despidos forzados en caso de EREs. Por lo tanto una política sindical revitalizada debe poder rechazar, cuando no prohibir mediante negociación colectiva despidos forzados en procesos de reestructuración empresarial o en las administraciones públicas, siendo solamente posible el ajuste “por arriba” y frente al capital, así como implementando alternativas de menor a mayor impacto -movilidades y recolocaciones, reducción salarial, suspensión de contratos- y centradas en el reparto defensivo del empleo, siempre que exista causa económica y productiva proporcionada para ello y no se deba a descapitalización y fraude económico. Asimismo, con la inclusión de cláusulas de blindaje en la negociación colectiva sobre la imposibilidad de descuelgue de convenio colectivo (reducción de salario, aumento de jornada, etc.), puede permitir abordar con un control sindical potente procesos de este tipo cuando existan causa económicas y productivas suficientes para ello y no se deba, cómo en los procesos de despido, a descapitalización y fraude económico. Asimismo, un sindicalismo revitalizado es capaz de cubrir el flanco de la reinversión productiva y el apoderamiento de los medios de producción por parte de los trabajadores y trabajadoras, impulsando la recuperación y cooperativización autogestionada de empresas en crisis que se pueden insertar en el tejido de economía social del territorio, tal cómo se apunta más adelante. A ello se une la importancia de la generación de propuestas alternativas en ámbitos de política industrial y sectoriales globales, de forma que afrontar dichos procesos de desinversión empresarial con impacto laboral, se pueda contrarrestar con acciones de reinversión productiva y desarrollo económico. Para que dichas propuestas se puedan articular con implementación factible, son sin duda cruciales los instrumentos sindicales de política económica apuntados sobre control sindical de la inversión e información empresarial.

[1] Trabajos cómo el de Daniel Albarracín (“La acción sindical en “distritos laborales” y “cadenas de valor”. Una reflexión estratégica sobre experiencias sindicales concretas”), Lafuente, Jamar y Martínez (“Respuestas sindicales ante el desafío de la empresa-red: sector petroquímico y nuclear”) o Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (“El control de las cadenas mundiales de suministros y la acción sindical”) avalan con ejemplos estas posibilidades.

[2] Son precisamente organizaciones sindicales internacionales quienes han elaborado manuales al respecto cómo “Manual de Organización” y “Construyendo poder en el lugar de trabajo”.

[3] Estos, entre otros, serán temas que se tratarán en el II Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la UPV/EHU, con el título de “Negociación colectiva y control sindical: aspectos laborales y económicos” que se celebrará en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU en el Campus de Leioa (Bizkaia) los días 29 y 30 de Septiembre de 2016. Evidentemente los cambios y transformaciones en las políticas económicas, empresariales y en las relaciones laborales son múltiples y complejas. Por ejemplo, las decisiones derivadas de la lógica capitalista de la financiarización de la economía o las empresas y la operativa impune de los grupos empresariales multinacionales tal cómo plantea Beverly Silver en “Fuerzas de trabajo: los movimientos obreros y la globalización desde 1870” o Daniel Albarracín y Eduardo Gutiérrez en “Financiarización, nuevos perímetros empresariales y retos sindicales”. También las estrategias empresariales postfordistas citadas en la nota [1].

[4] Ver por ejemplo los Convenios Colectivos de la empresa alavesa del metal Tubos Reunidos (art. 26 en adelante), la Residencia bizkaina Samsic Iberia (anexo II) e incluso a nivel sectorial cómo la denominada “Axencia de Bolsa de Emprego” del convenio del metal de la provincia de Pontevedra.

[5] Empezando por la construcción desde el sindicalismo de bases de datos empresariales y sectoriales, para lo que es preciso ampliar y concretar derechos de información económica y control sindical, recoger mediante fichas de trabajo por parte de secciones sindicales y responsables sindicales, datos sobre la situación económico-financiera y productiva de las empresas con volcado y diagnóstico para las mismas. Asimismo elaborando modelos de análisis contable, económico y productivo para análisis sindicales de la situación económica de empresas, de proyección e impacto de la negociación colectiva y acción sindical –conflicto, huelga-, estructuración y agregación de modelos de planes de viabilidad y previsión empresarial, además de modelos de planificación económica, coordinación económica y proyección económica.

Una aproximación a la cuestión del control sindical y la democracia económica, se expone por ejemplo en “Democracia económica: ideas para avanzar” y en múltiples trabajos desde la teoría económica a las experiencias históricas o actuales, caso de los trabajos de Joaquín Arriola “Derecho a decidir: propuestas para el socialismo del siglo XXI”, Robin Hahnel “Del pueblo, para el pueblo. El modelo de la economía participativa” o Eric Olin Wright “Contruyendo utopías reales”.

[6] Según el diario El Mundo, ELA aboga por no firmar ningún convenio que no garantice su blindaje ante la reforma laboral y éste sindicato asegura que ha firmado 300 convenios blindados ante la reforma laboral. En algunos casos cómo las empresas Guardian Llodio, Mendiguren y Zarraua, TS Fundiciones de Zestoa, Marie Brizard o Newark San Andrés la consecución del convenio colectivo ha venido en el marco de la convocatoria de huelga indefinida para la retirada de medidas de despido colectivo o reducción salarial en paralelo a promover la negociación de un convenio con cláusulas de blindaje que dejen fuera de las empresas las contrarreformas laborales. También es de relevancia el convenio colectivo firmado por el sindicato CNT en la empresa Extracciones Levante de Valencia (2015-2017), pues contiene cláusulas de blindaje contra la reforma laboral.

[7] Desde una perspectiva internacional, economistas heterodoxos estadounidenses han impulsado una campaña para el incremento del salario mínimo/hora a 15$ en 2020 para Estados Unidos, con sustento empírico y justificativo en contra de los dogmas capitalistas neoliberales de la inoportunidad de la medida. A este respecto algunos estados como Nueva York o California se ha aprobado dicha propuesta. En Euskal Herria está abierta una campaña sindical llamada 1200 eurotik gora (Más de 1200 euros), para que se eleve el salario mínimo en esa cantidad. Casos como el convenio colectivo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, incluyó en la reivindicación de la huelga indefinida el salario mínimo de 1200 euros, finalmente conseguido.

[8] Ver por ejemplo el art. 21 del Convenio Colectivo de la empresa ALUMALSA de Zaragoza, firmado en 2015 después de una importante huelga total de 12 días con relevante impulso del sindicato CNT.

[9] Completa esta visión de la negociación salarial la perspectiva inversa, es decir, qué elementos de poder de negociación, laboral y sindical, determinan los concretos salarios nominales en la negociación colectiva. Un excelente trabajo desde la teoría económica y la economía y sociología laboral es “Dinàmica dels salaris monetaris: unes notes teòriques i una aplicació” de Jordi Roca, publicado en castellano cómo capítulo de su tesis doctoral en “Pactos sociales y política de rentas”.

[10] Una panorámica del tema se puede encontrar en “Reducción de jornada a 30 horas semanales sin reducción salarial: análisis y perspectivas de la propuesta”. Un estudio reciente para la economía de Gipuzkoa publicado en la Revista Lan Harremanak de la UPV/EHU en el núm. 34 (2016): La reducción del tiempo de trabajo. Una propuesta para reducir el desempleo. En lo relacionado con la política de pleno empleo, Kalecki sigue de actualidad, tal cómo define Juan Torres “La batalla política por el pleno empleo”.

viernes, 2 de septiembre de 2016

La economía capitalista: conflicto, poder… y revitalización sindical

Reproduzco a continuación el artículo publicado en el blog Radicales Libres del Diario Público.


Si a cualquier estudiante de ciencias económicas se le pide que defina y ubique en el plan de estudios conceptos cómo “economía capitalista”, “poder”, “lucha de clases”, “distribución de renta y riqueza”, “sindicalismo” o “democracia económica” seguramente nos encontraremos con el decepcionante resultado de su desconocimiento o al menos de su identificación en los “márgenes” del tronco analítico central de la contabilidad, la economía de empresa, la micro y macroeconomía o la política económica. Con toda probabilidad se desconocerán profundamente corrientes de análisis económico y políticas alternativas cómo el postkeynesiano, institucionalista, neomarxista, regulacionista y radical, ecológico o feminista, de economía socialista o economía libertaria y autogestionaria, impulsadas solventemente por economistas tanto de fuera de nuestras fronteras [1], cómo también por multitud de economistas críticos de ámbitos académicos o sindicales en el propio Estado español [2].

Todo ello es, sin duda, una mala noticia. Sin embargo, pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y de discurso político en economía por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real -y desde luego las relaciones laborales existentes- aquellas que conoce cualquier persona trabajadora, se entienden principalmente con los conceptos antedichos, que se resumen en el título de este artículo, que a su vez da nombre a un curso de introducción a la economía [3], que a su vez se ubica en una de las corrientes citadas, de economía radical, fructífera para abordar los temas aquí planteados [4]. En efecto, el sistema económico capitalista con sus aparatos políticos coadyuvantes, y máxime la empresa capitalista, se sustenta en lo que autores radicales denominan “dimensión vertical”, esto es, en el autoritarismo y el ejercicio del poder de los empresarios sobre los trabajadores y trabajadoras, de la patronal sobre la clase trabajadora, aspecto que condiciona y determina transversalmente las decisiones u organización de la producción, inversión y distribución entre salarios y beneficios [5].

Cómo posiblemente puede parecer muy abstracto y académico lo relatado hasta ahora, quizás con un par de ejemplos vividos sea posible engarzar la caracterización sistémica con la realidad económica y de las relaciones laborales.

En un caso de una mediana empresa del sector de los cuidados, sobre negociación de reducción salarial por dificultades financieras de liquidez y económicas de viabilidad, el economista de la empresa apuntaba que el peso de los salarios en la estructura de costes de la misma era muy superior al de otras empresas del sector, por lo que era imprescindible acometer la reducción salarial planteada a las trabajadoras. La respuesta de la parte social planteó que desde luego era así, pero porque la estructura salarial estaba desproporcionada por arriba, pues los cargos de dirección doblaban el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implicaba que su reducción a nivel de convenio permitía cuasi-equilibrar las cuentas. Entonces se hizo el silencio en la sala y todas las presentes nos dimos cuenta que sin duda habíamos llegado al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios -disfrazados de altos salarios- aplicado al caso recesivo de la crisis empresarial. Finalmente este conflicto se resolvió con la convocatoria de una huelga indefinida de toda la plantilla, que forzó efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios a convenio sectorial cómo primera acción previa a evaluar otras medidas, entre otros elementos del pacto de empresa conseguido, relacionados con el control sindical productivo y económico.

Un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.

En otro caso, un grupo empresarial del sector de la construcción de tamaño medio, planteó un despido colectivo de un tercio de la plantilla, en un contexto de muchos años de ingresos no declarados y contabilidad B, que en cualquier caso permitían la viabilidad empresarial. Este despido colectivo cómo caso paradigmático de “violencia del poder privado” utilizando términos que titulan una obra de Antonio Baylos, se tuvo que resolver judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia, siendo ratificada la nulidad y readmisión de los despedidos por el Tribunal Supremo. A esta situación se llegó sin duda por una actitud patronal autoritaria. La postura empresarial en la negociación colectiva, defendiendo que concurría causa económica y productiva para el despido colectivo, mientras ganaban dinero de forma ilícita, desembocó en la judicialización del proceso. Se trataba pues del intento de imponer su poder de clase despidiendo a trabajadores cómo mecanismo para eliminar el sindicalismo combativo en la empresa.

Ni que decir tiene que, en general, la reacción sindical a las contrarreformas laborales impuestas vía parlamentaria, así como a las diferentes estrategias empresariales en casos concretos de reestructuraciones y despidos, algunos ya emblemáticos por implicar confrontación solvente ante deslocalizaciones productivas (Coca – Cola en Fuenlabrada, Celsa Atlantic en Gasteiz y Urbina, Zardoya – Otis en Mungia, etc.), nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas que bien analizadas nos ayudan para sintetizar algunas conclusiones de interés de cara al debate sobre la revitalización del poder sindical, aquel que efectivamente hace frente a la discrecionalidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.

Es necesario pues que el sindicalismo combativo gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: afiliativa, militante y organizativa, programática, de capacidad de acción colectiva y confrontación con los poderes político-económicos hostiles a la clase trabajadora. Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, en cambio la militancia y afiliación sindical siguen siendo la principal garantía para recuperar derechos, condiciones salariales y de empleo, consolidando orientaciones de políticas económicas que nos dirijan a mayores cotas de democracia económica y bienestar social. No en vano, múltiples analistas avalan que un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos [6].

Una mirada sistemática a estas reflexiones, propuestas y experiencias acumuladas, nos permite centrar algunas cuestiones fundamentales para caminar hacia una recuperación solvente del poder sindical. Sin ánimo de dejar fuera aspectos importantes, pero con objetivo de priorizar recogiendo el núcleo esencial de las fuentes imprescindibles de poder sindical, es preciso fijarse en cuatro pilares que dependen fundamentalmente del propio sindicalismo: negociación colectiva y política sindical; gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical.

[1] Entre otros muchos, Robinson, Sraffa, Kalecki, Minsky, Goodwin, Lerner, Bahduri, Wray, Stockhammer, Onaran… Baran, Sweezy, Gordon, Bowles, Sherman, O’Connor, Marglin, Shaikh, Pollin, Hahnel… Aglietta, Boyer, Jessop… Glyn, Gough, Silver… Jackson, Forstater, Beneria, Matthaei economistas sindicales cómo Rehn, Meidner, Palley… Liberman, Kardelj, Horvat, Lange, Bettelheim, Vanek, Schweickart, Guillén, Albert… También de corrientes económico-políticas cómo el operaísmo italiano, con Negri (Operai e stato, La forma Estado, Los libros de la autonomía obrera o El poder constituyente), Tronti, Bologna o Fumagalli cómo algunos de sus exponentes, o también autores provenientes del sindicalismo que realizan interesantes aportaciones al análisis sindical del capitalismo post-fordista y una orientación de salida socialista cómo Bruno Trentin.

[2] Agrupados en la Asociación de Economía Critica o participantes del Foro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la UPV/EHU dónde se pretende generar inteligencia colectiva desde perspectiva laboralista (también en ámbitos mercantil, administrativo o penal) para juristas, economistas, asesores sindicales, trabajadores y trabajadoras, a la vez que relacionar las experiencias de acción colectiva y sindical con los ámbitos de intervención profesional, académica e investigadora.

[3] “La economía capitalista: conflicto y poder”. Una descripción del curso, con objetivos y plan de estudios se puede encontrar en Edwards y MacEwan. Un enfoque crítico de la enseñanza actual en economía: bases para un nuevo currículo, en el libro “Critica a la ciencia económica”. Periferia, Buenos Aires, 1972. Las lecturas del curso se editaron en los manuales de Edwards; Reich y Weisskopf. “The capitalist system. A radical analysis of american society. Prentice Hall (1ª Edición 1972; 2ª Edición, 1978; 3ª Edición 1986, las tres con lecturas complementarias).

[4] Más correctamente, Economía Política Radical, corriente vertebrada por la asociación creada en 1968, Union for Radical Polítical Economics (URPE), en el marco de la cual se creó una revista de ámbito académico y un centro de economía popular dirigido a militantes sindicales y sociales, el Center for Popular Economics, aparte de otras iniciativas de ámbito universitario cómo el Political Economy Research Institute (PERI), donde se ponen en común líneas de análisis e investigación a corto y largo plazo, así cómo para propuestas de política económica relacionada con inversión socialmente útil además de ecológica o respecto a incrementos de salarios mínimos. Los principales temas tratados por dicha corriente son “economía y poder”, “sistemas económicos comparados” -socialismo, comunismo y autogestión-, “estado capitalista, lucha de clases y distribución de la renta”, “segmentación de los mercados de trabajo” y “estructuras sociales de acumulación” para entender la dinámica medio placista del sistema capitalista.

[5] Bowles y Edwards. Introducción a la economía: competencia, autoritarismo y cambio en las economías capitalistas. Alianza, Madrid. 1990.

[6] Por ejemplo Mikel Urrutikoetxea en ¿Para qué sirve un sindicato? Reflexiones , Juan Torres desde una perspectiva económica en ¿Para qué sirven los sindicatos? o estudios cómo el de Hamann y Kelly, Andrew Glyn, Wilkinson y Pickett, Onaran et. al. a largo plazo relacionando poder sindical y distribución de la renta y riqueza. Especialmente interesante al respecto es el artículo de John Bellamy Foster “Marx, Kalecki, Keynes y la estrategia socialista: la superioridad de la economía política del trabajo sobre la economía política del capital”.

jueves, 27 de agosto de 2015

[Manifiesto] Economists for $15 Federal Minimum Wage as of 2020


The real, inflation-adjusted, value of the federal minimum wage has fallen dramatically over time. The real value of the federal minimum wage peaked in 1968 at 10.85 an hour, 50 percent above the current level. Moreover, since 1968, average U.S. labor productivity has risen by roughly 140 percent. This means that, if the federal minimum wage had risen in step with both inflation and average labor productivity since 1968, the federal minimum wage today would be $26.00 an hour. (References for all data cited in this petition can be found here: https://www.peri.umass.edu/publication/item/722-technical-appendix-and-references-for-15-00-minimum-wage-petition)

If a worker today is employed full time for a full 52-week year at a minimum wage job today, she or he is making $15,080. This is 21 percent below the official poverty line for a family of three. Raising the minimum wage to $15 an hour would deliver much needed living standard improvements to 76 million U.S. workers and their families. The average age for these workers is 36 years old and they have been in the labor force for an average of 17 years. Only 6 percent of the workers who would benefit from this minimum wage increase are teenagers; i.e., 94 percent are adults.

Numerous states and municipalities throughout the United States are already operating with minimum wage standards above the $7.25 federal minimum. Thus, 29 states plus Washington, DC maintain minimum wages between $7.50 and $9.50. These measures cover 61 percent of the U.S. population. The cities of Los Angeles, Seattle, and San Francisco have all established $15 minimum wage standards that, for all three cases, will be fully phased in as of 2021. A $13 minimum wage will be operating in Chicago as of 2019. Other cities, including New York and Washington, DC, are presently considering similar measures. The State of New York is also examining a $15 minimum wage proposal for the fast-food industry.

Opponents of minimum wage increases frequently argue that such measures will mean fewer employment opportunities for low-wage workers because businesses will be less willing to hire workers at the increased wage level. But the weight of evidence from the extensive professional literature has, for decades, consistently found that no significant effects on employment opportunities result when the minimum wage rises in reasonable increments. This is because the increases in overall business costs resulting from a minimum wage increase are, for the most part, modest.

We recognize that raising the federal minimum wage to $15 an hour as of 2020 would entail an increase that is significantly above the typical pattern with federal minimum wage increases. Nevertheless, through a well-designed four-year phase-in process, businesses will be able to absorb the cost increases through modest increases in prices and productivity as well as enabling low-wage workers to receive a slightly larger share of businesses’ total revenues. On average, even fast-food restaurants, which employ a disproportionate share of minimum wage workers, are likely to see their overall business costs increase by only about 2.8 percent per year through a four-year phase in to a $15 federal minimum wage by 2020. That means, for example, that McDonalds could cover fully half of the cost increase by raising the price of a Big Mac, on average, by 7 cents per year for four years—i.e. from $4.80 to $5.08. The remaining half of the adjustment could come through small productivity gains or a modestly more equal distribution of the increase in revenues generated by the U.S. economy’s overall rate of economic growth.

The economy overall will benefit from the gains in equality tied to the minimum wage increase and related policy initiatives. Greater equality means working people have more spending power, which in turn supports greater overall demand in the economy. Greater equality also means less money is available to flow into the types of hyper-speculative financial practices that led to the 2008-09 Wall Street crash and subsequent Great Recession.

Moreover, the overwhelming factor determining employment opportunities for low-wage workers is macroeconomic conditions—whether the economy is growing or in a recession. Thus, in 1968, when the U.S. minimum wage reached $10.85 in real dollars, the overall unemployment rate was 3.6 percent. By contrast, during the depths of the 1982 recession, the real value of the minimum wage had fallen to $8.22 while unemployment peaked at 10.8 percent.

In short, raising the federal minimum to $15 an hour by 2020 will be an effective means of improving living standards for low-wage workers and their families and will help stabilize the economy. The costs to other groups in society will be modest and readily absorbed.

Signers (Institutional listing for identification purposes only):

miércoles, 29 de julio de 2015

[Video] Mesa-debate de Gabinetes juridicos y económicos de CCOO, CNT y ELA

“¿Qué estrategias utilizan las empresas para vulnerar los derechos sociales en contextos de crisis?”; “¿Es siempre buena opción la política de pactos como ‘mal menor’?”; “¿Qué retos profesionales existen para el reforzamiento del sindicalismo?”. Estas tres preguntas han estado muy presentes en la segunda y última jornada del I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social que se ha celebrado en la Escuela de la Relaciones Laborales de la UPV-EHU.

Durante la mañana de este viernes, los responsables de los gabinetes técnicos de ELA, CCOO y CNT han tomado parte en una mesa redonda que ha analizado las cuestiones más relevantes para el “presente y futuro de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, así como las “posibilidades de avance social en las empresas y la economía”.

En ese contexto, el abogado Enrique Lillo y el economista Eduardo Gutiérrez –representantes del Gabinete Interfederal de CCOO- remarcaron que en el Estado español “no hay cultura de información económica de empresas”. “Si leéis sentencia de Coca-Cola o la de Tragsa –otro conflicto reciente-, veréis cómo el primer motivo de nulidad del despido colectivo ha sido la falta de información que había sido requerida”, apuntó Lillo.

Estos temas también fueron abordados por la abogada Rita Giráldez y el economista Lluís Rodríguez, integrantes del Gabinete Confederal del sindicato CNT. “Hay muchas empresas que utilizan los despidos colectivos como medio de coacción contra sus plantillas”, han indicado los asesores de la organización anarcosindicalista. En tal sentido, Rodríguez citó una reciente sentencia sobre una empresa ubicada en Andalucía que alegaba “dificultades” como motivo para despedir a sus empleados y, al mismo tiempo, mantenía actividades fraudulentas.

Por su parte, los miembros del Gabinete de Negociación Colectiva de ELA Haimar Kortabarria y Niko Iriarte -abogado y economista respectivamente- denunciaron la “impunidad con la que se manejan” muchos grupos de empresas. “Eso nos pone en una situación de indefensión total”, destacó Iriarte. Precisamente, Kortabarria subrayó que la reforma laboral ha traído una “enorme inseguridad jurídica” para las trabajadoras y trabajadores.



http://livestre.am/59Y92

viernes, 29 de mayo de 2015

[Bilbo] “Las empresas utilizan los despidos colectivos como forma de coacción”



“¿Qué estrategias utilizan las empresas para vulnerar los derechos sociales en contextos de crisis?”; “¿Es siempre buena opción la política de pactos como ‘mal menor’?”; “¿Qué retos profesionales existen para el reforzamiento del sindicalismo?”. Estas tres preguntas han estado muy presentes en la segunda y última jornada del I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social que se ha celebrado en la Escuela de la Relaciones Laborales de la UPV-EHU.

Durante la mañana de este viernes, los responsables de los gabinetes técnicos de ELA, CCOO y CNT han tomado parte en una mesa redonda que ha analizado las cuestiones más relevantes para el “presente y futuro de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, así como las “posibilidades de avance social en las empresas y la economía”.

En ese contexto, el abogado Enrique Lillo y el economista Eduardo Gutiérrez –representantes del Gabinete Interfederal de CCOO- remarcaron que en el Estado español “no hay cultura de información económica de empresas”. “Si leéis sentencia de Coca-Cola o la de Tragsa –otro conflicto reciente-, veréis cómo el primer motivo de nulidad del despido colectivo ha sido la falta de información que había sido requerida”, apuntó Lillo.

Estos temas también fueron abordados por la abogada Rita Giráldez y el economista Lluís Rodríguez, integrantes del Gabinete Técnico Confederal del sindicato CNT. “Hay muchas empresas que utilizan los despidos colectivos como medio de coacción contra sus plantillas”, han indicado los asesores de la organización anarcosindicalista. En tal sentido, Rodríguez citó una reciente sentencia sobre una empresa ubicada en Andalucía que alegaba “dificultades” como motivo para despedir a sus empleados y, al mismo tiempo, mantenía actividades fraudulentas.

Por su parte, los miembros del Gabinete de Negociación Colectiva de ELA Haimar Kortabarria y Niko Iriarte -abogado y economista respectivamente- denunciaron la “impunidad con la que se manejan” muchos grupos de empresas. “Eso nos pone en una situación de indefensión total”, destacó Iriarte. Precisamente, Kortabarria subrayó que la reforma laboral ha traído una “enorme inseguridad jurídica” para las trabajadoras y trabajadores.

Maniobras fraudulentas 

En otra mesa redonda, tres expertos del mundo laboral analizaron la conexión entre intervención profesional y docencia e investigación. Las intervenciones estuvieron a cargo de Antonio Baylos Grau, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla la Mancha y director de la Revista de Derecho Social y de la Editorial Bomarzo; Tatiana Moreno Rodríguez, administradora concursal, perito económica y docente en análisis económico contable crítico; y Ángel Elías, director de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU.

Entre otros aspectos, los ponentes hablaron sobre las “fórmulas del fraude contable y económico en despidos por parte de empresas en crisis”. En esa línea, Tatiana Moreno advirtió sobre las maniobras fraudulentas realizadas por las empresas en sus contabilidades, sobre todo en contextos de crisis.

Por su parte, Baylos realizó un recorrido histórico sobre el papel de los abogados laboralistas en el Estado español. Además, destacó que la reforma laboral ha tenido como principal respaldo a los grandes bufetes, detrás de los que se encuentran varios catedráticos.

Mientras tanto, el director de la Escuela de Relaciones Laborales –quien sustituyó al profesor de Derecho del Trabajo Mikel Urrutikoetexea, ausente por motivos de salud- habló sobre los cauces habituales de apoyo y colaboración entre esta entidad y los sindicatos. Asimismo, Elías se manifestó a favor de una renta básica universal y destacó la necesidad de que los sindicatos cuenten con cajas de resistencia para hacer frente a largos conflictos.

Las jornadas –organizadas por la Escuela de Relaciones Laborales con la colaboración de la Consultoría Primero de Mayo y el patrocinio del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia- concluirán a la tarde con una reunión, en la que tomarán parte todas y todos los participantes.