sábado, 8 de junio de 2019

“La política industrial del Gobierno Vasco es nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente”

Reproduzco por su interés la entrevista realizada a Jon Bernat Zubiri en ALDA num 7




Jon Bernat Zubiri Rey, doctor en Economía y profesor de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV
 
Asistimos al proceso de liquidación de La Naval. ¿Hay alternativas al cierre?

Inequívocamente sí. Una primera opción es que los gobiernos intervengan en dos fases: por un lado, comprando los activos industriales (terrenos, construcciones e instalaciones) por medio de un fondo público, blindándolos ante especuladores, mientras en una fase en paralelo, impulsan una empresa pública vasca desarrollando un plan de viabilidad industrial a medio plazo recuperando la carga de trabajo que tenía La Naval antes de entrar en concurso. No hay limitación europea a que haya capital mayoritario público mientras exista un plan de viabilidad industrial a medio plazo (3-5 años de carga de trabajo/pedidos).

La segunda opción sería que la empresa pública “Navantia” recuperase la negociación de la draga y, alquilando a la administración concursal las instalaciones del astillero, retomara la actividad. Son alternativas factibles desde todos los puntos de vista (legal-juridico, económico-financiero y laboral), pero exigen la implicación del sector público, algo que tanto PNV como PSOE han rechazado.
 
¿Qué razones esgrimen para su inacción?

Es una cuestión de modelo. La Consejería de Industria ha apostado por liquidar la actividad de manera que la empresa pueda ser más atractiva a un capital que no busque el relanzamiento de la actividad a nivel local, sino que busque absorber a la empresa en sus bienes intangibles. Esta opción es claramente antisocial y profundiza el desmantelamiento del tejido industrial de la comarca.
 
Euskal enpresak atzerriko kapitalei saltzen ari zaizkie (Gamesa eta Euskaltel) eta enpresaburu eta kapitalista pribatuen interesak lehenesten ari dira, ixteko zorian edo kinka larrian diren enpresetako langileen interesen gainetik.

El cierre de esta emblemática empresa vuelve a poner en la palestra el imparable proceso de desindustrialización que sufre la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones... ¿Qué diagnóstico haces de la situación?

Esta comarca forma parte de un país que ha vivido un proceso de desindustrialización muy fuerte durante las últimas décadas. La situación de la industria vizcaína es muy grave. Según datos del INE, en los dos últimos años -con crecimiento económico- se han destruido más de 13.000 empleos industriales; y Ezkerraldea está muy insertada en esa caída del tejido industrial.

Un dato que refleja claramente la desindustrialización que sufre el país: la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto en 1977, a un 29% en 2007; situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial ha ido reduciéndose de manera imparable: de 423.000 empleos en 1975, a 274.000 en 1986, y a 188.000 en marzo de 2019.

¿Quiénes son los responsables?

En primer lugar, un empresariado vasco que se ha instalado en una posición cada vez más rentista e internacionalizada, es decir, busca rentabilidad para sus capitales de forma totalmente desligada del territorio. Esto está llevando a Euskal Herria a una desinversión muy importante. Y todo ello, con la connivencia de las instituciones vascas, con el PNV al mando.

Más allá de la responsabilidad nacional del empresariado y la clase política gobernante, hay que señalar también a los factores de contexto de la regulación neoliberal europea, las limitaciones para la política de gasto e inversión pública que se plantean desde la Troika, la ausencia de soberanía monetaria, las dificultades para proteger sectores estratégicos de nuestra economía por atentar contra la competencia...

¿Qué valoración haces de la política industrial del Gobierno Vasco?

La política industrial del Gobierno Vasco se puede calificar de nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente. Hay casos paradigmáticos que nos permiten afirmar que el Gobierno Vasco no solo no interviene en los casos de empresas en dificultades donde el capital privado tiende a la desinversión y a la destrucción de empleo, sino que tampoco lo hace en los casos en que hay participación pública en el accionariado o préstamos públicos comprometidos.

Ahora mismo, la política industrial del Ejecutivo de Gasteiz no tiene rumbo, en términos de renovación del tejido productivo. Arantza Tapia no puede dar cuenta de un solo éxito en materia de política industrial.
 
Errentagarritasuna eta nazioartera ateratzea bilakatu dira euskal enpresaburuan helburu nagusiak, hau da, euren kapitalaren errentagarritasuna bermatu nahi dute, beti ere, lurraldeari lotu gabe. Horrek ondorio larriak izan ditu Euskal Herrian: berton egiten diren inbertsioak asko murriztu dira. Eta hori euskal erakundeen babesarekin egin dute, EAJ buru dela.

¿Cuáles son los principales errores que está cometiendo?

Muchos: no existe un protocolo para la detección temprana de empresas en dificultades; hay poca o nula comunicación con los sindicatos; es manifiesta la descoordinación entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria y Trabajo; falta apoyo efectivo a las empresas en crisis; hay una supervisión y seguimiento deficiente y negligente de las empresas con participación de capital público o préstamos; vemos una tendencia a desprenderse de participaciones industriales de origen público con el visto bueno del Ejecutivo; la política de clúster no tiene una dimensión de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero público que reciben; tampoco tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal.

También me parece nefasta la política de internacionalizacion: se están vendiendo empresas vascas a capitales extranjeros (Gamesa y Euskaltel) y se están salvaguardando los intereses de los empresarios y de los capitalistas privados por encima de los de las plantillas de las empresas en riesgo de cierre o de ajuste.

La lista de fiascos del Ejecutivo en empresas concretas es larga...

Pondré sólo tres ejemplos. En primer lugar, es muy clara la pésima gestión realizada con Fagor Electrodomésticos y la entrega en situación de preconcurso a la compañía de 40 millones de euros, -vía fondos públicos Ekarpen y Socade- que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Económico no ha jugado ningún papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo catalán CNA, que adquirió la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantenía en producción.

Otro caso es el de Xey, de Zumaia. La mala gestión provocó el colapso de una empresa en la que el Gobierno Vasco tenía el 30% del accionariado, por valor de 2,2 millones de euros, y préstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Económico ni detectó ni denunció ninguna irregularidad.

Finalmente, en la papelera CEL, el Gobierno Vasco tenía la propiedad de un 40% de las acciones cuando la dirección dejó de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. En este contexto, decidió desprenderse de las acciones a un precio irrisorio. Los préstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores, y la administración concursal planteó un despido colectivo ante la ausencia de actividad e inversión. Finalmente, gracias a un acuerdo entre el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart, estos se adjudicaron las plantas y retomaron la actividad con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes habían sido despedidos. La planta, a día de hoy, está funcionando, y no gracias precisamente al saber hacer del Gobierno Vasco.

Son sólo tres de una larga lista, la mayoría con desenlace de miles de puestos de trabajo perdidos: Arkema, Arcelor Mittal Zumarraga, BSH, Ingemar, Candy, Eaton, Laminaciones Arregui, Aernova, Gallardo Corrugados, Troquenor, Baltogar...

Etorkizunean aldaketa klimatikoa guztiz gauzatzen denean eta baliabide fosilak agortzen direnean ontzigintza errepide bidezko garraioari gailenduko zaio. Ontziak izatea eta bazkidetza publikoan oinarritutako sektorea izatea giltzarria izango da hurrengo hamarkadetan.

¿Es posible otra política industrial? ¿Cuáles deberían se sus ejes?

Es urgente la puesta en marcha de una efectiva política industrial de anticipación realizando un seguimiento real de la situación de las empresas para la determinación de ayudas, avales o préstamos posibles. Evidentemente, también hace falta control, para garantizar que esas inversiones llegan a buen puerto, se canalizan en una renovación del tejido industrial, en nuevas inversiones y en un aumento del empleo.

La captación y búsqueda de nuevos inversores industriales es también vital, sin descartar la opción de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. El Gobierno Vasco actualmente hace lo contrario, cuando la participación de capital público en empresas estratégicas reduciría el poder de las multinacionales sobre la economía vasca.

También es fundamental la supervisión de los planes de viabilidad, que son la clave en todas las situaciones de crisis así como diseñar planes específicos por subramas de la industria.

Todo este apoyo gubernamental para relanzar actividades, para consolidar tejido productivo y mantener el empleo debe completarse con compromisos por parte de las empresas de devolver los créditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la producción, de mantener el empleo y garantizar unas condiciones de negociación colectiva y de relaciones con los sindicatos, que también deberían de estar en el centro de las preocupaciones del gobierno, cosa que actualmente no sucede.

Sin perder de vista, en ningún momento, que esa política industrial alternativa que los economistas de izquierdas defendemos tiene que aplicarse desde unos criterios de renovación social, ecológica y feminista del modelo productivo.

Finalmente, ¿tiene Ezkerraldea futuro industrial?

Sí. Pero hace falta un plan. Es necesario que los gobiernos hagan un diagnóstico realista de cuáles son las ramas en las cuales es posible una renovación, cuáles son las actividades estratégicas para poder seguir manteniendo y generando nuevos empleos. Sería estratégico, por ejemplo, volver al pleno rendimiento en la Acería de Bizkaia y apuntalar las empresas existentes, incluyendo La Naval, porque en un futuro de cambio climático y de agotamiento de los recursos fósiles el sector marítimo va a salir reforzado frente al transporte por carretera. Tener barcos y una industria naval con participación pública va a ser vital en las décadas futuras.

Por último, es necesario hacer un plan de choque por comarcas con dotación presupuestaria suficiente. La nueva industria que viene tiene que ser limpia y social, es decir, con participación de los trabajadores y trabajadoras y con salarios dignos. Frente al modelo de la competitividad por la devaluación salarial hay que apostar por una política de buenos salarios, por una política de inversiones suficientes y por una política de innovación político social.

viernes, 3 de mayo de 2019

A dose of strategic realism? Or how a strike-fund can be effective


Jon Las Heras (@jonlhc) & Lluís Rodríguez (@lluisraeco), political economists and members of the Institute of Economics and Self-Management.


Is capitalism built through class oppression? Of course. Although it seems that as we keep talking about how things are so bad, even, about how worse they are getting with the rise of proto-fascist governments across the world – despite all these (new?) phenomena – it is obvious that nothing is really changing, or at least in our favor. To such pessimist answer, we should dare to make a provocative extension and state the following: yes, capitalism is disgustingly built by putting us against each other but WITH OUR INVOLVEMENT, with us being necessary accomplices of its hegemony and of its ugly transformation.

To our mind, we need to start changing our object of attention and acknowledge that capitalism is ALSO the expression of labor’s incapacity to organize and strike back effectively. We should be more self-critical, which does not mean self-destructive and start trying new things. Don’t you feel we have had enough of compassion and that it is already the time for a recalcitrant dose of strategic realism? But when we talk about new “things”, new “methods”, we are not talking about “original” or “utterly new” forms of class struggle – as some may prefer to believe they do exist outside history –, but instead we conceive them as basic forms of class organization and solidarity that perhaps, in the right context and dose, can unfold a set of new events that surface underlying contradictions. To our mind, as it stands now, right-wing class movements are making “goals” while the radical-left remains in a sort of state of confusion, an impasse, in which the time is running against us. 

In such apparently gloomy landscape, and after seeing how European workers and class organizations have not managed to build effective transnational solidarity structures and discourses to counter-fight austerity and neoliberal regulation since 2008, a little country – Euskal Herria – in the Spanish state has provided us with renewed hopes. But these are not hopes of the kind in which the world is going to change to the much better very soon, but more realistically, that from the standpoint of an average Basque worker, there are some few things that one can do in order to make a step forward, no matter how small, but still, a step forward. A sort of successful incursion in a context of guerrilla-warfare perhaps?

More concretely, Euskal Langileen Alkartasuna (ELA), the largest and most representative trade union in the Basque Country, is a class organisation that, and from a position of ‘counter-power’, has sought to build organisational strength vis-à-vis the employers, the government and conservative unions, through the empowerment of its rank-and-file, predominantly, in collective bargaining and industrial conflict processes. Since the mid-1990s it opted to leave aside the historical turn that the rest of social-democratic unions were taking across the western world: to change from a position that seeks greater working conditions to that of conformism and micro-corporatism. A corporatist logic makes us think that the worse is to come and yet that it is better not to trigger the conflict, so we buy-into the enemy’s discourse and believe that by lowering the standards may be the explosion will put off. Ironically, such very strategy undermines all the conditions that once were gained and, at the same time, makes such actors to the eyes of the rest as accomplices of the course of history.

ELA has bet on gaining both political and financial autonomy (around 93% of its expenditures are self-covered) in order to be capable of setting some ‘red-lines’ that the rest of big unions are currently incapable of setting: not signing dual-wage-scales, not signing working-time and workload increases, not fostering calendar flexibility, not signing vacuous sector agreements that are not likely to be implemented at the workplace, and establishing new alliances with more confrontational unions and social organisations among other things. Or put it differently, this union has gained political and organizational autonomy and strength by rejecting social dialogue with the government and other conservative unions in order to establish a ‘counter-power’ strategy that seeks to protect and organize the whole Basque working class in and through their organization.

ELA has 100.000 members but it organizes just less than 10% of all the strikes taking place within the Spanish state (60 out of 600-800 per year approx.), and in the last years it has managed to organize, overall, more strikes than the second largest social-democratic trade union in Spain (Union General de Trabajadores, UGT) which has 10 times more affiliates than ELA. Moreover, the scope of action of the Basque union is smaller, i.e. the Basque Country only represents less than a 5% of the Spanish workforce, and this union only represents one-third of all Basque unionized workers. In other words, this union is the main force behind the fact that the Basque Country hosted 36% of all the strikes taking place in Spain between 2000-2017. This concretizes also in the statistical fact that a worker engaging in a strike organised by ELA loses at least 7 days more for every day lost by a strike organized by UGT. Therefore, and taking into consideration that Spain is already supposed to be one of the most conflictive countries in Europe, this Basque union is playing very tough. 

After a decade of economic crisis and fiscal austerity, the trade union has maintained the pulse and not given up. In 2018 the number of strikes organized by ELA has augmented 81%. However, these have not sought to protect and empower ‘core-workers’ but rather more ‘precarious’ or ‘subaltern’ ones, expanding the horizons of class solidarity. For example, the longest and most visible strikes have occurred in feminized and racialized sectors such as in elder-caring-residences, hotel cleaning-services, publicly subcontracted cleaning-services, publicly-subcontracted school-restaurants or publicly subcontracted museum services. That is, in almost all those economic activities that should be incorporated within the responsibilities of what once was labeled as a social-democratic capitalist state. ELA is denouncing the neoliberal patriarchal state and is striking back to transform its regressive roots.

But how can we explain this? And leaving aside that the second largest union in the Basque Country, Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), has also various decades of grass-roots mobilization and social movement history? Well, we conceive that the strike-fund has a lot to do with this. Three examples, which are becoming the norm rather than a rarity, might be interesting to consider succinctly:

1. In 2016, after 41 days of complete indefinite strike, workers at the museum of fine arts of Bilbao managed to: raise their gross-wages more than 100%, by increasing their base-salary from 10.400€ to 20.500€ and recognising their seniority (trienios); introduce a subrogation clause in the collective agreement so that the modification of the license between the government and the subcontractor would not suppose any lay-off; and to block the company from reducing salaries or working conditions in case of financial stress that the 2012 labour reform permits. According to one syndicalist: “We are a very small collective who was confronted a large multinational company like ManPower Group Solutions and to the three largest public institutions in the territory […] Despite the numerous problems, we have also discovered ourselves, and that is the most important: that we have discovered the power of unity”. 

2. This year, after another 41-day strike that started the 1st of February and finished the 12th of March, 38 workers of a manufacturing company in Navarra managed to secure a collective agreement that would: increase salaries more than 10% by recognizing night-shifts, seniority, inflation and so on; reduce 24 working hours during the first year and would prohibit to work on Sundays; reduce calendar flexibility so that workers can plan and organize their holidays and reproductive-life better; and block the implementation of the 2012 labour reform that bestows companies sufficient power to modify working conditions discretionally.

3. Last year, after 40-days striking and protesting in the city center of Bilbao, starting the 2nd of November and finished the 12th of December, the room-service and cleaners of two multinational hotels managed to improve their salaries and working conditions substantially: an increase of 54% of their basic salary in less than two years (from 13.000€ to 20.000€), thus, equalising their salaries and other working conditions (reduction of working time and flexibility) to what actually establishes the regional agreement on the hotel industry; the reincorporation of those strikers who had been laid-off or whose contract had expired during the strike.

According to the latest data published for its militancy (Landeia, February 2019), ELA starts using the strike-fund in strikes of a duration of more than three days, and it comfortably exceeds the Minimum Wage for the commitment that the fund should cover at least 105% of the legal minimum. The amounts for the year 2019 are the following: (1) the “regular fund” of €1,102.50 per month (£951.25); (2) a “reinforced fund” of +15%, that is €1267'87 per month (£1,093.93), for those companies in which at least 35% of the staff is affiliated to ELA; and (3) the “strategic fund” for those strikes and sectors considered to be strategic, and in which the support can reach up to €2,205.00 per month (£1,902.5). In any case, the cash compensation may never exceed the monthly net salary, including extraordinary payments. 

Having a strike-fund of this type is only possible thanks to a high union fee (€21'77 per month, £18.78 per month; the highest within the Spanish state), and because the union allocates 25% of their union fees to the strike-fund, that is around £5 per month. This high quota supports the financial autonomy of the union (it self-finances more than 94.44% of its activity), and allows ELA not to depend on external revenues such as state subsidies. This financial autonomy provides, and unlike other unions tied to the financing of social dialogue, the necessary political autonomy to confront both government and employers. The combative orientation of trade union policy, political autonomy and collective bargaining, and financial autonomy together with the use of the strike-fund, define the union model of ELA that has no comparative references at European level.

After doing sociological and historical research on industrial conflict and the restructuring of collective bargaining in the Basque Country, Catalonia and the rest of Spain, the two authors of this text have come to the conclusion that the use of a strike-fund is a (relatively simple) organizational mechanism that can empower workers in two forms. On the one hand, it empowers workers “democratically” or “from below”, as the use of strike-funds can only become operationalized through the active intervention, organization and mobilization of the rank-and-file at various spatial scales, predominantly the workplace, but not only. On the other hand, we have also realised that the strike-fund does also empower the working class “strategically” or “collectively”, as it simultaneously amplifies the room for maneuver of a class organization (the union), and crystalizes the effectiveness of its (democratic?) leadership through the transformation of history and by gaining social support.

Taking into consideration all the discussed above, the appropriate strategic question is the following one: if a strike-fund appears to be an organizational instrument that can help workers to improve considerably their working conditions at the workplace and enhance their class power collectively, why are not other trade unions making use of it too? Why are not trade unions that consider themselves to be revolutionary not using it systematically, in order to enhance the collective solidarity of its membership? Or is it that revolutionary unions are achieving similar victories with the use of other tools and forms of class struggle? We dare to advance two responses: (1) or we are not giving to collective bargaining and to the conditions that are established through daily-life class struggle the centrality they deserve, because collective bargaining is not interesting at all for its reformist horizon, and then why to make out our disposal any instrument for it; or (2) in a cost-benefit analysis a union realizes that it has unsolvable difficulties in its management. 

No matter how superficial this may look to revolutionary praxis, we believe that refusing to assimilate effective organizational instruments in the triggering of (no matter how partial and limited) class struggles is to condemn revolutionary syndicalism to the irrelevance, both within trade unionism and class politics. We consider far more dangerous to wait for the emergence and spread of revolutionary class-organizations out from any historical praxis, resorting to ‘purer’ proclaim than to try to understand the actual contradictions of our own historically grounded collective power and forms of class consciousness. The fact that we have still no clue on how to make the revolution and on how a socialist or communist society may look like should not impede us from committing more accurate mistakes. From such reading, and in a context of pervading structural disempowerment, we argue that wielding the dilemmas of a strike- in order to both strengthen solidarity ties between already-union-members and expand them beyond, to those workers who may start seeing syndicalism a possibility. It is here where revolutionary-syndicalist (e.g. IWW) and democratic-socialist projects (ala e.g. ELA) may converge, from a heuristic process that confronts theory with praxis – a process which understands ideology and collective forms of class action as two sides of the same incomplete process – so that social emancipation may become not just a mere speculation but a historical truth.

miércoles, 17 de abril de 2019

Industria vasca, el naufragio permanente


La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.

El articulo ha sido reproducido en Economía Critica y Crítica de la Economía , Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión , Viento Sur , Kaosenlared , Rebelión , Borroka Garaia Da , Aporrea , Lucha de Clases , Voz de América , Blog Antiimperialista , CGT-LKN Euskal Herria , LAB Industry

Protesta en La Naval, en Sestao. Ecuador Etxea

Euskal Herria es a veces considerada un referente en relación a la forma de articular la política industrial, lo que se supone que atañe a la intervención de los gobiernos forales y autonómico en el apoyo a las actividades industriales. Pero la crisis industrial de las últimas cuatro décadas es un proceso inequívoco, y algunos casos recientes de gestión por parte del Gobierno Vasco demuestran que la inacción y la defensa patronal son la norma de actuación.

La crisis económica de finales de los 70 y 80, unido a las imposiciones de la Unión Europea, llevaron a los gobiernos del PSOE y PNV a impulsar un perfil de política industrial neoliberal acelerando la destrucción de empleo y reestructuración de grandes sectores industriales y empresas emblemáticas, con fortísimo impacto sobretodo en Bizkaia. Los sectores más afectados fueron la siderurgia integral (Altos Hornos de Vizcaya), aceros especiales (Echevarría, Olarra, Aceros de Llodio, Pedro Orbezogo, Forjas Alavesas, Tubacex y Tubos Reunidos), construcciones mecanicas (Babcock Wilcox, Mecánica La Peña), construcciones eléctricas (Westinghouse, General Eléctrica), construcción naval (astilleros Euskalduna, La Naval, Astilleros Reunidos del Nervión), química (Dow Chemical), electrodomésticos línea blanca (Fabrelec, entre otras). En muchos de estos casos los despidos o cierres estuvieron sujetos a políticas estatales, por ser grandes sectores del Estado, que perjudicaron mucho más al tejido empresarial vasco frente al de otros territorios.

Según datos del último trimestre de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1977 a un 29% en 2007, situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial pasó de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una pérdida de 229.000 empleos netos en este periodo. Desde entonces, los niveles de paro oficial y ampliado —los desempleados que ya no buscan trabajo—, el subempleo, la exclusión social y la pobreza se mantienen estructuralmente altos, a falta de tomar medidas más allá de leves paliativos.

Al inicio de la última crisis, la industria vasca se encontraba ya en un naufragio permanente, con causas que van más allá de una política gubernamental que no ha implementado acciones eficaces para detener el proceso de desindustrialización. De hecho, la última década perdida se salda con 24.000 personas ocupadas menos en la industria gipuzkoana, 20.000 en la bizkaina, 10.000 en la alavesa y 12.000 en la navarra. Habiéndose dado una mayor pérdida de empleos hasta 2014, la mitad de los puestos de trabajo industriales se recuperaron en 2015 y 2016, inducidos por la demanda internacional, el relajo de la austeridad troikana y el bloqueo legislativo y gubernamental. En 2017 y 2018, sin embargo, la industria bizkaína ha vuelto a perder 16.000 puestos de trabajo, siempre según el INE, anulando buena parte de la recuperación en solo dos años, mientras que Navarra sumaba casi 8.000 empleos industriales adicionales en el mismo periodo. Las recientes caídas en Gipuzkoa y Araba han sido más moderadas, como también lo fue la mejora anterior.

jueves, 6 de septiembre de 2018

Poder sindical, huelgas y negociación colectiva en el País Vasco (1995 - 2017)

A continuación reproduzco el resumen y presentación de la comunicación presentada con Jon Las Heras en el XI Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política el 6 de Septiembre de 2018 en Bilbao.


Según Richard Hyman, la huelga es una de las mayores expresiones de conflicto entre trabajo y capital: el proceso productivo y comercial se detiene, se activa la presión económica y financiera hacia las empresas y tanto la parte trabajadora como la empresarial consolidan sus posiciones alrededor de unos intereses estructuralmente diferenciados en la confrontación y el eventual acuerdo colectivo.

A pesar de que en Euskadi se organizan prácticamente un tercio de las huelgas de todo el Estado español, la influencia que tienen las estrategias organizativas sindicales en las dinámicas de negociación colectiva y en el desarrollo de los conflictos laborales no han sido objeto de estudio desde una perspectiva de Economía Política del Trabajo.

Así, este estudio analiza una realidad histórica particular, y arguye cómo la política sindical y los recursos de infraestructura del sindicalismo mayoritario del País Vasco, a diferencia del sindicalismo español en la CAPV, derivan en una mayor capacidad potencial de confrontación y uso de la huelga cómo herramienta central para la negociación colectiva. Los recursos de infraestructura cómo son las personas asesoras sindicales, los gabinetes económicos y jurídicos y sobre todo la caja de resistencia confederal, definen los contornos de las organizaciones y poder sindical vasco en la negociación colectiva, y explican sustancialmente esa proporción de huelgas sobre población asalariada. El uso extensivo de la caja de resistencia con un subsidio diario de huelga superior al SMI para cada huelguista, refuerza el poder laboral y sindical, permitiendo introducir en los convenios vascos ‘cláusulas anti-reforma laboral’ y en su caso, llegar a mayores niveles de confrontación para la consecución de mejores contenidos cuantitativos y cualitativos de negociación colectiva.

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According to Richard Hyman, strikes are a radical expression of the underlying conflict between labour and capital: the labour and capital valorisation processes stop, and the economic and financial pressures towards corporations increase, while workers and employers consolidate their strategies around some structurally differentiated interests. Despite the fact that one third of all strikes in Spain take place in Euskadi, the influence that organising union strategies have in collective bargaining dynamics and in the development of industrial conflict has not been studied from a Political Economy of Labour perspective.

Thus, this study analyses a particular historical reality and it argues how union policy and infrastructural resources of the mayoritarian unions in the Basque Country, in contrast to the Spanish case, result in a greater capacity of confrontation and the use of the strike as a tool in collective bargaining. The infrastructural resources and supportive union officials, the economic and lawyer offices and, above all, the confederal resistance box explain the organisational boun daries and the power that Basque trade unionism has in collective bargaining; explaining the higher rates of strike activity in the economy. The extended use of the strike-box with a daily subsidy above the minimum income for each striker reinforces worker and union power, allowing to introduce in collective agreements ‘anti-labour-reform’ clasuses and, in many cases, better cuantitative and qualitative working conditions.

domingo, 1 de julio de 2018

Avanzando en la medición del paro real en el País Vasco



Reproduzco a continuación el artículo publicado en Sin Permiso junto a Julen Bollaín. El artículo ha sido difundido también en Rebelión y Economía Critica y Critica de la Economía 




Del paro en la historia...

La existencia de parte de la población que estando en edad, en condiciones y en disposición de trabajar remuneradamente que carece de un empleo no es un fenómeno surgido durante el siglo XX. Ya en la Edad Media había personas que estaban desocupadas, conocidas por aquel entonces como holgazanas o vagabundas. En este sentido, John Burnett en su libro “Idle Hands: The Experience of Unemployment, 1790-1990”[1], explicaba ya en 1994 cómo hasta el siglo XIX analistas ingleses “identificaban a los desempleados principalmente con los ‘inadaptados’ y trotamundos que dormían a la intemperie y deambulaban de noche por las calles”.

Así, no será hasta 1881 cuando por primera vez en el Reino Unido, y aunque no de manera coherente con la definición standard actual del desempleo, será medida la tasa de desempleo. Al principio el desempleo se basó en los datos de aquellos sindicatos ingleses que pagaban prestaciones de desempleo a sus miembros.

Más adelante, el 16 de diciembre de 1911, el Parlamento Británico aprobó el llamado “National Insurance Act 1911”. Éste iba más allá de las leyes sobre los seguros contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez aprobadas y lideradas por Otto Von Bismarck en el Reichstag alemán entre 1883 y 1889, ya que otorgaba a los trabajadores británicos un plan nacional obligatorio de seguro contra el desempleo. De esta manera, el desempleo comenzó a medirse a raíz de datos de trabajadores registrados y que carecieran de un empleo. Pero en este artículo no entraremos a discutir los motivos que incitaron a Bismarck a llevar adelante esas leyes, ni por qué el Canciller de Hacienda y futuro primer ministro del Reino Unido, el liberal David Lloyd George, propuso el “National Insurance Act 1911” ante su Gobierno liberal, aun cuando sus políticas, a la vez de protección y legitimación social, se sustentaban en las mediciones de la situación laboral.

Dando un salto hasta el Estado español, no será hasta 1919 cuando, tras la Ley de 27 de febrero de 1908 del Instituto Nacional de Previsión (INP) y el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación de retiros obreros, se promulgue el Real Decreto de 18 de marzo de 1919 sobre el seguro de paro forzoso. Todo ello al calor de la Revolución Soviética y de las luchas sociales y sindicales que, como la huelga de “La Canadiense” en Catalunya, representaron un punto de inflexión en la efectividad sindical y en la consecución de derechos sociales como la jornada laboral de 8 horas, en la presión necesaria para la promulgación de otras leyes sociales[2], así como en la generación de normas protectoras del empleo por medio del conflicto, la huelga y la formalización de bases de trabajo (convenios colectivos) entre empresarios y sindicatos[3]. Sin embargo, el sistema de los Seguros Sociales en el Estado español no se consolidó hasta la instauración de la II República Española, cuya constitución de 1931 afirmaba en su artículo 46 que "la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad"[4].

Este sistema de Seguros Sociales fue convertido finalmente en 1963 en un sistema de Seguridad Social a través de la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. Y fue en este marco cuando, por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) creado en 1945, realizó la primera Encuesta de Población Activa en 1964.

…al paro en el capitalismo postfordista

Pero no cabe duda de que la realidad actual es muy distinta a la de hace más de medio siglo. En los países centrales de la economía mundial, se conformó un capitalismo industrial que generó mercados internos de trabajo y bajas tasas de desempleo, gracias también a políticas de regulación keynesiana donde primaba el pleno empleo como objetivo de política económica y un sistema de relaciones laborales con sindicatos fuertes en las empresas. El giro neoliberal y conservador en las políticas económicas en la década de 1980 asentaron, en un paulatino cambio de paradigma, un capitalismo desatado[5] donde la lógica financiera se impuso a la lógica industrial-productiva, y donde en esta última la norma del empleo ha pasado a ser la flexibilidad laboral, la externalización, subcontratación y precariedad laboral. A ello se ha unido el ataque contra el sindicalismo para destruir, debilitar o devaluar la influencia del mismo en la negociación colectiva y la huelga, desgastando sus recursos de poder y aislando también los elementos más combativos con la intención de limitar el contrapoder a las políticas empresariales que asientan este modelo de empleo, precariedad y desempleo[6].

Es necesario optimizar los indicadores que utilicemos en el presente para medir la precariedad y el desempleo. Debemos entender la realidad del siglo XXI, en la que el desempleo no puede ser medido como se hacía en el siglo XX. Porque en el siglo XXI deben darse respuesta a los problemas con métodos del siglo XXI.

La dinámica de los mercados de trabajo actuales nos demuestra que existe una gran precariedad en el empleo, afectando en el Estado español a la mayoría de la población asalariada: menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social en 2017 tenía un contrato indefinido a jornada completa (47,9%) y la mayoría (52,1%) presentaba algún tipo de precariedad: subiendo los contratos a tiempo parcial y fijos-discontinuos, contratos temporales y/o trabajo por horas, etc. A su vez, la Encuesta de Población Activa confirma la precariedad del empleo generado en la recuperación, en el periodo 2013-2017 con la creación de 1’86 millones de empleos, siendo 918.000 de éstos temporales e incrementando la tasa de temporalidad del 23,7% al 26,7%[7]. Para completar este mapa de precariedad, hay que sumar la temporalidad involuntaria, con pocas mediciones al respecto pero seguramente con una mayoría de contratos en esa situación. También las mediciones de contratación parcial involuntaria, que en el Estado español afecta a 2,8 millones de personas trabajadoras, de las cuales 1,2 millones de mujeres y 500.000 hombres lo hacen de forma no voluntaria. En términos porcentuales, según los datos de la OIT, el número de personas que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria es de alrededor del 60%[8].

Nuevas tendencias de desempleo, nuevas metodologías

Y es por todo ello que la realidad del mercado de trabajo presente es totalmente distinta a la del siglo pasado, siendo innegable que la tasa de desempleo se basa en una definición bastante limitada de lo que implica no tener un empleo decente. Una definición limitada a los factores y aspectos del siglo XX, mientras coexistimos con aquella sociedad moderna líquida que el difunto Bauman definió.

De acuerdo con la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (en la que se basa el cálculo de la tasa de desempleo en general de la zona del euro), las personas se consideran desempleadas si están (i) sin trabajo; (ii) disponibles para comenzar a trabajar dentro de dos semanas; y (iii) buscando activamente empleo, en el momento de realizar la encuesta.[9]

Una definición demasiado estricta que no permite conocer la población que realmente se encuentra desempleada. Además, es una forma artificial y torticera de reducir la tasa de desempleo, al no incorporar en la misma a personas con ánimo de trabajar remuneradamente y disponibles para hacerlo que no están buscando empleo ya que piensan que debido a la desfavorable situación económica no van a encontrarlo, a personas con un empleo precario e inconstante que quisieran un empleo a tiempo completo, e incluso a personas que por cualquier otro motivo querrían un empleo compatible con su situación de estudios o de cuidados y que no lo encuentran.

Y es ante esta definición tan sesgada, cuando países como Estados Unidos diseñaron una nueva metodología para estimar una tasa de paro con el objetivo de reflejar mejor la realidad laboral del siglo XXI. Este método consiste en calcular nuevos indicadores a partir de la tasa de paro oficial. Y para ello añaden distintos indicadores con el fin de contabilizar como parados a aquellas personas que se encuentren en los siguientes 3 supuestos.

1.  Las personas que aunque quieren trabajar, no buscan empleo porque creen que no van a encontrarlo. Este grupo es conocido popularmente como “trabajadoras desanimadas”.

2.  Aquellas personas que no buscan empleo porque están esperando uno que se ajuste a su cualificación, que esperan una convocatoria de Oferta de Empleo Público, que han sido despedidas pero confían en ser readmitidas en su empresa, que no saben dónde dirigirse para encontrar empleo, que esperan una estación de mayor actividad como en verano en nuestro sector turístico estacional, que esperan los resultados de gestiones anteriores, que tratan de compatibilizar estudios o cuidados con trabajos que puedan ser compatibles o que confían en comenzar una actividad propia. A las personas de este grupo se les denomina "activas potenciales".

3.  Todas aquellas personas que trabajan menos horas de las que les gustaría. Es decir, aquellas personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa tal y como ellos y ellas quieren. Lógicamente, estas personas tampoco encuentran satisfechas sus necesidades de trabajo en el mercado laboral y, por ello, es razonable incluirlos como "demandantes” de empleo, aunque no sean estrictamente desempleados. Además, conviene remarcar que las principales afectadas son las personas jóvenes y las mujeres.

Si añadimos estos tres grupos de personas al indicador que mide la tasa de desempleo, hace de éste un indicador más próximo a la realidad. Un indicador que nos da como resultado lo que muchas personas expertas denomina como "tasa de paro real".

Si además, agregáramos una medición del empleo temporal que no cubre jornadas completas mensual o anualmente, obtendríamos los aspectos principales del cuadro de precariedad laboral y, por tanto, de desempleo involuntario.

Instituciones pioneras en la medición de una “tasa de paro real” son tanto el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, como la OECD, el Banco Central Europeo en su reciente Boletín Económico 3/2017 ("Evaluación del grado de holgura del mercado de trabajo") donde señaló que existen definiciones más amplias que están siendo relevantes para evaluar una dinámica más real del funcionamiento de los mercados de trabajo y analiza esta cuestión para el área del euro, o el propio Banco de España en su Boletín Económico 2/2017[10]. Además existen algunos estudios a nivel académico de investigación en la materia, aplicados tanto a nivel del Estado español como a nivel de las diferentes Comunidades Autónomas.

Los contornos de la precariedad y el desempleo en el País Vasco

Si hablamos propiamente de cifras, alzamos la vista y miramos a Europa, apreciamos cómo la combinación de las estimaciones de personas desempleadas y subempleadas, sugiere que el desempleo mirado de forma amplia, afecta actualmente a alrededor del 18% de la fuerza de trabajo de la zona del euro. Este volumen de subutilización es casi el doble del nivel medido por la tasa de desempleo, que ahora se sitúa en el 9,5%.

La misma tendencia se puede observar cuando estudiamos lo que sucede en el Estado español. Mientras la tasa de desempleo oficial se encuentra en torno al 18%, el desempleo real se sitúa alrededor del 30%. Un incremento que encrudece aún más las escandalosas cifras de desempleo que azotan al Estado español.

El País Vasco no es un oasis pese a la propaganda del Gobierno Vasco y una estructura productiva e industrial más robusta, además de un sindicalismo con mayor capacidad de enfrentarse a la precariedad laboral. Según el Servicio Público Estatal de Empleo, en 2017 vemos que en Euskadi de los contratos notificados (958.100), 562.459 corresponden a jornada completa, 384.412 a jornada parcial, 2.522 a fijos-discontinuos y 8.707 a contratos en prácticas. Existe un incremento importante de formalización de los contratos a jornada parcial y éstos representan también un volumen cada vez más cercano al número de contratos a tiempo completo. Los contratos a jornada parcial suponen el 40,1% del total de contratos notificados, siendo suscritos mayoritariamente por mujeres y en el sector servicios. Cabe tener en cuenta que la gran mayoría de contratos firmados siguen siendo de carácter temporal y que, de hecho, éstos suponen el 92,3% del total de contratos suscritos. Hay que añadir que además, dentro de los contratos de carácter temporal, prácticamente la mitad fueron de una duración menor a un mes y un 32’9% de duración indeterminada. Por tanto, al elemento de parcialidad no deseada se le suma el de temporalidad. En el momento que se formaliza un contrato de trabajo, ambas cuestiones implican grave precariedad en el empleo[11].

Según datos del Eustat, a finales de 2017 hay en Euskadi 915.900 personas ocupadas y 943.987 personas afiliadas a la Seguridad Social, frente a las 976.270 en 2008, de las cuales aproximadamente el 23% del total corresponden a jornada parcial y el 32% del total a contratación temporal. Son datos muy preocupantes de precariedad en el empleo[12].

En términos estadísticos (Eurostat, INE) la tasa de temporalidad vasca en comparación con Europa, se sitúa en el cuarto peor lugar (23’9%), detrás de la de Polonia (25’5%), Estado español (26’8%) y Montenegro (27’8%), cuando la media de la UE-28 es del 14’3%.[13]

En términos de tasa de paro ampliada, el caso de Euskadi es muy llamativo, ya que con datos de la EPA del III trimestre de 2017, la tasa de desempleo oficial era del 11,7%, mientras que la tasa de desempleo ampliada calculada a través de microdatos de la propia Encuesta de Población Activa llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, nos situaría en un 22,6% de tasa de desempleo real. Una tasa 10,9% superior a la oficial y que casi la dobla. Cabe añadir que de estos 10,9 puntos porcentuales de incremento entre la tasa de desempleo oficial y la real, 7,8 puntos porcentuales son causa de trabajadores y trabajadoras con empleo a tiempo parcial involuntario, sobretodo mujeres y personas jóvenes. Es decir, personas que no encuentran trabajos a jornada completa. Además de Euskadi, las Comunidades Autónomas que más paro oficial consiguen reducir a costa de la parcialidad involuntaria en la ocupación son la Comunidad Valenciana (8,7 p.p.), Andalucía (7,9 p.p.) y Ceuta (7,8 p.p.). Es destacable cómo el País Vasco pasaría de ser la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo oficial, a ser la séptima con menor tasa de desempleo real. De esta forma, Euskadi se colocaría en el ranking por detrás de Navarra, Baleares, Aragón, La Rioja, Cataluña y Madrid, demostrando que no es un oasis dentro del desierto de precariedad laboral español[14].

Iniciativas para medir el paro real en Euskadi

En este escenario, el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, registró una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco para que se midiera en Euskadi la tasa de paro ampliado. Finalmente, se aprobó una enmienda transaccional por unanimidad en la que se instaba a que se realizará para finales de 2018 un estudio sobre la tasa de paro ampliada en el País Vasco y a que Eustat, Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística, estudiará las diferentes metodologías actualmente en uso, como las del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, Eurostat e INE, para medir la tasa de desempleo ampliada y considerar la inclusión de preguntas adicionales en el cuestionario de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) en el año 2019.

Entendemos que es un paso adelante muy importante que debiera darse también en las demás Comunidades Autónomas, ya que entendemos que una medición adecuada de la tasa de desempleo es fundamental para ser capaces de entender la realidad laboral, desarrollar análisis precisos y diseñar e implementar políticas públicas de empleo que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad del empleo: empezando por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y terminando con recomendaciones de políticas de negociación colectiva o políticas industriales y activas de empleo. Y es que es fundamental medir el desempleo de forma que se puedan identificar los focos, los diferentes aspectos y las diferentes variantes del mismo, porque solo así seremos capaces de actuar eficientemente en las políticas públicas de empleo, en las políticas de lucha contra la precariedad laboral que provocan las empresas o por qué no decirlo, en permitir que toda persona que quiera trabajar en dignas condiciones pueda hacerlo.

Por ello es necesario conocer la realidad de nuestros mercados de trabajo y la realidad del desempleo, la parcialidad y la temporalidad. Porque así y solo así, podremos implementar las políticas públicas de empleo óptimas que mejoren la vida de nuestra ciudadanía.



[1] Burnett, J. (1994). Idle hands: The experience of unemployment, 1790-1990. Routledge.
[2] Paz, O. (2010). “La crisis de 1917-1923: rupturas estructurales y conceptuales”, en M.J. Espuny y O. Paz. Crisis y ocupación. Bosch Editor.
[3] Espuny, M.J. (2010). “Ocupación, paro y género en las bases de trabajo de la Segunda República Española”, en M.J. Espuny y O. Paz. Crisis y ocupación. Bosch Editor.
[5] Glyn, A (2010). Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. FUHEM - La Catarata.
[6] Elorrieta, J (2017). Una mirada sindical contracorriente. Clase, territorio y nuevas alianzas. Icaria.
[10] “Medidas alternativas del desempleo para la economía española” (pp. 21-23).
[12] Ver nota anterior



Julen Bollain es Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income Earth Network. 

Lluís Rodríguez Algans es economista. Asesor del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. 
Fuente:  www.sinpermiso.info, 1-7-18

sábado, 30 de junio de 2018

[RESEÑA] Joxe Elorrieta. Echando leña al fuego de la mirada sindical contracorriente. Clase, territorio y nuevas alianzas (2017)

Joxe Elorrieta; ECHANDO LEÑA AL FUEGO DE LA MIRADA SINDICAL CONTRACORRIENTE. CLASE, TERRITORIO Y NUEVAS ALIANZAS, Icaria Editorial, 2017 (296 pp.), ISBN 978-8498887617



http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/Revista_Economia_Critica_25.pdf


Jon Las Heras Cuenca
University of Manchester y Mondragón Unibertsitatea

 

Lluís Rodríguez Algans
Asociación de Economía Crítica e Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión

 

Jon Bernat Zubiri Rey
Euskal Herriko Unibertsitatea y Centre de Recherche en Économie de Grenoble

 
Este artículo expone de forma sintética y constructiva el análisis que Joxe Elorrieta nos presenta en Una Mirada Sindical Contracorriente (Elorrieta 2017), interpretando el mismo con ayuda de lecturas complementarias.
 

El libro busca enardecer el debate sobre el posicionamiento que los sindicatos han tomado con respecto a los procesos neoliberales y de globalización capitalista. Desde una perspectiva de clase, explica cómo la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales han sido "desempoderadas" durante las últimas décadas. A su vez, y de manera muy cuidadosa, escapa de cualquier lectura estructuralista o inmovilista que reniegue o empequeñezca la acción de la clase trabajadora en la transformación del capitalismo y su sustitución por un sistema más justo y sostenible. Joxe Elorrieta hace uso en este libro de una vasta literatura académica de economía política radical y relaciones laborales, problematizando la acción estratégica de los sindicatos en Euskalerria, especialmente la de ELA – Euskal Langileen Alkartasuna (Dufour y Hege 2017; 2013; 2009; Giménez 2012; Iriarte 2017; Kortabarria 2016; Letamendia 2004). El libro es pues rico en contenido histórico y teórico, y, por tanto, no dejará al lector impasible ante los argumentos que presenta. La doble formación y experiencia del autor cómo economista sindical y doctor en Ciencia Política (Elorrieta 2011), pone el colofón a sus 20 años de Secretario General del sindicato, aportando una mirada rica en matices y poniendo el foco de atención en los temas tratados, de máxima conexión práctica.
 
Una Mirada Sindical Contracorriente está estructurado en cuatro capítulos, y sigue una lógica clara para que el lector entienda los procesos de acumulación y lucha de clases más generales, así como la forma concreta en la que se plasman en Euskalerria. Por lo tanto, podemos entender que el libro tiene como objetivo situar a la clase trabajadora y al sindicalismo como sujetos transformadores dentro de una economía globalizada. Los dos primeros capítulos nos presentan una revisión histórica y teórica de los procesos que llevaron al surgimiento del neoliberalismo y la globalización capitalista como proyectos de renovación y relocalización de la dominación de clase; mientras que los dos últimos capítulos son una revisión de los problemas y dilemas estratégicos a los que el sindicalismo occidental y vasco, respectivamente, se han enfrentado durante las últimas décadas. A lo largo de todo el libro se complementa la exposición con numerosas notas complementarias, 573 en total a lo largo de las casi 300 páginas, dando pistas de profundización, también accesibles en la extensa bibliografía utilizada.


Desde la introducción se apela a una renovación del sindicalismo, así como del resto de fuerzas sociales y políticas, frente a "la pasión verdaderamente delictiva" del capitalismo (Badiou 2012), que hace uso de la austeridad, la deuda y la regresión social para lograr sus objetivos lucrativos. Remarcando que vivimos gobernados por "la ética o política de las bandas de ladrones" (Sarrionandia, 2015), la relaciona con Tolstoi (1900) en su alegato de que "en nuestra sociedad se ha constituido un grupo de individuos que desposee a los trabajadores, mediante actos de verdadero bandolerismo, de todo el producto de su trabajo" (citado en Elorrieta 2017: 49). En un "sistema que es anti-nosotros" tal y como planteó 15-M, entiende que el proceso de globalización capitalista "ha procedido, sin resistencia organizada, a la individualización de toda la biografía laboral" (Elorrieta 2017: 20). El autor hace un llamamiento a una alianza para salir de la actual situación, que en el contexto vasco debería alejarse de la "vía Maltzaga" (unión del PNV y la izquierda abertzale, propuesta de Telesforo Monzón en la Transición), dada la "inequívoca opción neoliberal del PNV" (22).


(...) http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n25/18-LasHeras-Rodriguez-Bernat_Clase-Territorio-NuevasAlianzas.pdf


Sin embargo, en el libro hemos encontrado a faltar algunas cuestiones que consideramos cruciales al abordar las materias tratadas en general y también en el marco propio de Euskalerria.
 

Por un lado, el debate sobre la renovación y revitalización sindical pasa obligadamente por las experiencias y formas de implantación efectiva del sindicato en el centro de trabajo, la organización de la sección sindical. Elorrieta no trata este aspecto en el libro, pese a tener ELA una aproximación interesante al modelo organizativo de centro de trabajo y empresa, llegándose incluso a teorizar una "estrategia de sustitución" de la representación unitaria por la sindical, con el objetivo de reforzar el sindicalismo en los centros de trabajo. De esta forma se pretende hacer frente a los problemas que plantea la representación unitaria, especialmente el desincentivo de la afiliación y militancia sindical (ELA, 1991)8. La capacidad organizativa de las secciones sindicales es sin embargo una cuestión crucial en el marco del capitalismo postfordista, puesto que la organización de una sección sindical con presencia en un centro de trabajo con varias empresas, en varios centros de trabajo de una misma empresa o incluso en varias empresas de un mismo grupo, permite la negociación de convenios que puedan incluir empresas matrices y subcontratadas, empresas con varios centros de trabajo o los grupos de empresas mercantiles. Cuando hablamos del "lugar" la sección sindical en los centros de trabajo es un elemento crucial a tener en cuenta y, por tanto, unas referencias a las experiencias sobre cómo se interviene sindicalmente en estos parámetros hubieran sido necesarias, atendiendo a las propuestas de renovación existentes, tales como la de impulsar secciones multi-sectoriales o multi-profesionales arraigadas en el territorio (Béroud et al. 2008; 2009; 2013; Zubiri 2011).

Más allá de la escala micro-empresarial, la participación sindical en aspectos de política económica, industrial o fiscal se ha venido canalizando en el denominado "dialogo social" o "concertación social", si bien éste ha demostrado limitaciones en cuanto a una efectiva influencia sindical en dichas materias, que ha sido menor y muchas veces para validar las políticas neoliberales, además de las ya citadas contraindicaciones de las que es objeto el propio sindicalismo. Pero si el "diálogo social" no es la vía adecuada, ¿cual es o puede ser la alternativa para influir sindicalmente en la política económica, industrial y laboral? La alternativa "macrosindical" para influir en las políticas públicas no es un planteamiento genérico de contrapoder. Algunas vías de intervención alternativas exploradas por el sindicalismo europeo pasan por incrementar la participación y control sindical de los procesos productivos, económicos y de inversión en empresas y sectores vía negociación colectiva, con participación sindical (o no) en el accionariado y la dirección. Este aspecto en tanto se extiende por ley, acuerdo colectivo o de facto a toda la estructura económica, supone sin duda un elemento que configura el poder en las relaciones laborales hacia una nueva democracia industrial con participación de las personas trabajadoras (Baylos 1992; Poole 1995; Landa 2004; Fernández Steinko 2000).


La aplicación de una democracia industrial de este tipo en España se podría canalizar por una ampliación de los derechos sindicales de información, consulta y participación, vía cambio legislativo o en su introducción en la negociación colectiva, en materias contable, mercantil y económica, productiva, organizativa y laboral, fundamentales también para la preparación, seguimiento del cumplimiento de acuerdos en la negociación colectiva y anticipación a eventuales reestructuraciones empresariales (AA.VV 2017). Lo anterior es si cabe más necesario en los importantes procesos de reestructuración y crisis empresarial que se han dado en el marco temporal que analiza Elorrieta de crisis económica, y dónde la recuperación de empresas para su posterior transformación en sociedad laboral o cooperativa se torna cómo acción estratégica imprescindible para defender las condiciones y nivel de empleo, así como la estructura industrial del país. La práctica sindical previa es imprescindible para acometer con garantías dichas experiencias de control obrero, además de requerir de un apoyo técnico especializado para evaluar las alternativas de inversión y la viabilidad económica de la transformación (Iriarte 2017; Mata y Rodríguez 2016), respecto a lo cual ELA también tiene ejemplos que aportar (Villarreal 2016). Hubiera sido necesario un análisis y crítica de estas cuestiones, así como de las posibles contradicciones y dificultades del sindicalismo combativo para impulsar experiencias de control sindical, como alternativa al diálogo social, y teniendo en cuenta que en el ámbito vasco empiezan a elaborarse reflexiones en este sentido vinculando relaciones laborales y modelo de desarrollo, análisis de algunas experiencias europeas de relaciones laborales, inversiones, desarrollo tecnológico, asignación de ganancias y formación (LAB 2015).


A su vez, hubiera sido oportuno citar las contradicciones y dificultades que los sindicatos encuentran a la hora de defender conjuntamente, también en un plano de sindicalismo internacional, el empleo y sus condiciones en empresas multinacionales o con capacidad de trasladar producción, inversiones y excedentes financieros a su antojo, alterando datos y contabilidades y, por tanto, condicionando sobremanera el terreno de disputa sindical, generando así causas económicas y productivas justificativas -legalmente- de reestructuraciones laborales. Estos fenómenos se acentúan en el marco de la financiarización de las estructuras de capital de las empresas y de la economía en general (Albarracín y Gutierrez 2012). En relación a ello, también hubiera sido interesante la cita de las contradicciones sistémicas y sindicales respecto al empleo, vinculadas a la necesidad de defender una política económica y ecológica que respete los derechos humanos y la sostenibilidad del ecosistema, como puede ser en los casos de las industrias de acero y energéticas vinculadas con los combustibles fósiles o las industrias armamentísticas.


El libro apunta hacia la necesidad de optar por un sindicalismo estrechamente vinculado a otras organizaciones de clase y movimientos sociales, con dos objetivos interdependientes: (i) tejer nuevas alianzas con nuevos actores sociales, ya sean sindicatos o movimientos sociales, para demandar transformaciones y mejoras socioeconómicas, enmendando así la traición de los partidos socialdemócratas tras haberse posicionado en defensa del capital; (ii) poder plantear problemas políticos, económicos y sociales a la sociedad en su conjunto desde una perspectiva de "contrapoder" y, más importante, desde una posición de igualdad con los movimientos sociales, y no de subordinación como ocurrió anteriormente con los partidos políticos (Elorrieta 2017 : 33-38, 45-46, 64-72, 135-38, 171-75, 205-10, 217-219). En esta línea de renovación estratégica hemos echado de menos un análisis, ni que fuera sucinto, de los ejemplos de alianzas sindicales y sociales, como la organización con otras organizaciones del proceso que culminó en la "Carta de Derechos Sociales de Euskalerria"9, de "Alternatiben Herria"10 junto con el movimiento cooperativista y de la economía social y solidaria o el impulso y participación en espacios de análisis y debate cómo los Encuentros Ecosocialistas Internacionales11 o el Euskal Gune Ekosozialista12, cómo ejemplos de programas de actuación con participación sindical y social alternativos también al dialogo social y concertación neoliberal.


(...)


8 ELA en sus congresos se expresaba en este sentido: "La vitalidad de las secciones sindicales es la cuestión prioritaria del sindicalismo que quiere ser reivindicativo. El poder sindical está en relación directa con nuestra capacidad de sindicalizar empresas y, desde ahí, extender la acción sindical a otros ámbitos. Allí donde hay secciones sindicales que se organizan hay resultados: afiliación, representación, formación, negociación colectiva y participación en la vida federal, comarcal y confederal." (ELA, 2008); "La Sección Sindical, impulsada, liderada y dinamizada por el Delegado o Delegada Sindical, necesita compartir responsabilidades siendo imprescindible para ello el reparto de tareas. La clave de la sindicalización son las personas militantes que convierten en objetivo estratégico la afiliación conscientes de que es lo único que nos da correlación de fuerzas". (ELA, 2013).


9 http://www.eskubidesozialenkarta.com
 

10 http://alternatibenherria.eus
 

11 http://2016.alterecosoc.org
 

12 https://guneekosozialista.noblogs.org
 
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n25/18-LasHeras-Rodriguez-Bernat_Clase-Territorio-NuevasAlianzas.pdf