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jueves, 10 de mayo de 2018

[Manifiesto] Participación de l@s trabajador@s en las empresas: trazando una nueva senda para Europa


trazando una nueva senda para Europa

[Trazando una nueva senda para europa, eldiario.es]
[La CES lanza la campañá "Más democracia en el trabajo"]

Algo se ha torcido en la Unión Europea. Cuatro ejemplos dan testimonio de esta disfunción. ¿Cómo justificar que se haya permitido el desarrollo de cientos de miles de empresas ficticias, cuando el objetivo de dichas empresas “fantasma” no es otro que el evadir impuestos y normas laborales? ¿Cómo explicar que las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia autorizaran la restricción de derechos fundamentales de las/os trabajadoras/es para apoyar estrategias empresariales cuyo único objetivo era eludir la protección de los empleados y las empleadas? ¿Cómo es posible que revelaciones recurrentes como las realizadas por los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso queden sin consecuencias, mostrando la incapacidad de la UE para evitar la elusión fiscal por parte de personas adineradas y de las grandes empresas? Finalmente, ¿cómo podemos aceptar que, a pesar de grandes escándalos como el colapso de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh, muchas empresas sigan haciendo la vista gorda ante proveedores que ignoran los derechos sociales, ambientales y humanos más básicos?

La Comisión Europea ha promovido la teoría de la “primacía accionarial”, mientras la economía real y las/os trabajadoras/es eran olvidados en el proceso. Como resultado, los beneficios empresariales vienen creciendo a expensas de los salarios desde los años noventa. Esto no tiene sentido. Las/os trabajadoras/es son parte integrante y central de las empresas: los accionistas aportan capital, pero las/os trabajadoras/es contribuyen con su tiempo, habilidades y vida. Por eso, es hora de revisar la situación de las/os más de 140 millones de empleadas/os que trabajan en empresas en la UE. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán dentro de un año, y deseamos marcar el paso de cara al próximo debate.

Estamos firmemente convencidas/os de que es vital que las siguientes cinco reformas se lleven a cabo:

- Elegir la economía real. Deben imponerse fuertes restricciones a las empresas ficticias y a los traslados de sede social: debe autorizarse el registro a las empresas solo en el país donde tengan actividades comerciales reales. Deberían también establecerse normas para evitar que las empresas puedan eludir el pago de impuestos allí donde crean el valor real, incluyendo en particular un sistema de información pública país por país, una base impositiva armonizada y una política de ‘tolerancia cero’ para todos los paraísos fiscales.

- Crear una autoridad independiente sobre movilidad de las/os trabajadoras/es. Suficientemente dotada de personal y financiación. Esta autoridad debe tener poderes efectivos, en particular para proponer y hacer cumplir las normas que protegen a las/os trabajadoras/es de la UE cuando se requiera coordinación a nivel comunitario.

- Fortalecer la participación de las/os empleadas/os en las empresas. Las/os empleadas/os deberían tener derecho a elegir representantes en los consejos de administración de las empresas, como ya es el caso en 18 de los 28 Estados miembros y en el 44% de las empresas más grandes de la UE. Para los países que integrasen este nuevo derecho, esto debería hacerse de acuerdo con sus tradiciones y prácticas de relaciones industriales. En términos generales, los derechos de los sindicatos y de los comités de empresa también deberían mejorarse.

- Crear un deber de vigilancia en relación a (empresas) subcontratistas. Las nuevas reglas deben obligar a las grandes empresas a cuidar y responsabilizarse de toda su cadena de suministro a fin de evitar la violación de derechos humanos y sociales básicos por parte de sus subcontratistas.

- Crear un marco de información vinculante adaptado a los desafíos del siglo XXI. Las normas contables no deberían dejarse en manos de un organismo privado (el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) principalmente interesado en el valor para el accionista; deben tener en cuenta la sostenibilidad. Deben seguir desarrollándose informes extra-financieros que proporcionen más transparencia en asuntos sociales y medioambientales, incluidas las cuestiones de igualdad de género, que deben abordarse de manera mucho más enérgica.

Las reformas mencionadas no son exhaustivas, pero muestran la dirección que deberían tomar las nuevas medidas: las/os trabajadoras/es de la UE no deben quedar fuera de la construcción de la UE por más tiempo. Estas vitales reformas -que sientan las bases de nuevos derechos, y obligaciones para las empresas- proporcionan una impronta para un nuevo modelo europeo a la vez capaz de aunar a Estados cuyos derechos están demasiado fragmentados, y de distinguirnos de los modelos anglosajones y del capitalismo asiático. Este nuevo modelo europeo se basa en el legado de un humanismo que ha de convertirse en una fuerza en la globalización. ¡

Ha llegado la hora del cambio!

Algunos de los firmantes europeos son: 

Luca Visentini (ETUC SG), Peter Scherrer (ETUC deputy SG), the German DGB (Reiner Hoffmann, President), the Italian CGIL (Susanna Camusso, GS), the Spanish CCOO (Unai Sordo, GS), UGT (Pepe Álvarez), ELA (Adolfo Muñoz "Txiki"), the UK TUC (Frances O’Grady),  the French CFDT, CFE-CGC, UNSA, CFTC and a CGT federation, and SGs or Presidents of leading trade unions in other countries such as Switzerland, Portugal, Austria, Luxembourg and Bulgaria. It also has the support of Emilio Gabaglio, former ETUC General Secretary, and John Monks, former General Secretary TUC and ETUC, Member of House of Lords. Regarding politicians, it has the support of Enrico Letta (former prime minister of Italy), several MEPs (including Thomas Händel, chair of the European Parliament Committee on Employment and Social Affairs and Elmar Brok, former chairman of the European Parliament Committee on Foreign Affairs) and several MPs in various countries. Udo Bullmann (President of the S&D group in the European Parliament) has signed and circulated the Appeal to all S&D MEPs, proposing them to sign it. Many academics have signed it, including Sigurt Vitols (Germany), Thomas Piketty and Robert Boyer (France), Simon Deakin and Andrew Johnston (United Kingdom), Isabelle Ferreras (Belgium) and Adalberto Perulli (Italy).

Otros firmantes españoles:

Marcos de Castro Sanz. Ex Presidente de Cepes.  promotor Plataforma por la Democracia Económica;

Ignacio Muro Benayas Vocal de Economistas Frente a la crisis. Profesor Comunicacion univ Carlos III, promotor Plataforma por la Democracia Económica

Cristina Faciaben, Confederal Secretary for International and Cooperation in CCOO;

Begoña del Castillo, coordinator for European affairs at CCOO;

Miguel Martinez Lucio, Profesor titular en Work and Equalities Institute (University of Manchester);

Paloma López Bermejo, Eurodiputada en el Parlamento Europeo (GUE/NGL);

Ricard Bellera i Kirchhoff, Presidente del Comité de Coordinación de los Consejos Sindicales Interregionales Europeos (ETUC);

Sara Lafuente Hernández, Investigadora en el Instituto Sindical Europeo (ETUI) promotora Plataforma por la Democracia Económica;

Jose Angel Moreno. vicepresidente Economistas Sin Fronteras, promotor Plataforma por la Democracia Económica;

Jose Carlos Gonzalez, sindicalista de CCOO, promotor Plataforma por la Democracia Económica;

Bruno Estrada, economista, adjunto al SG de CCOO, promotor Plataforma por la Democracia Económica;

Félix Garcia Moriyón. Profesor honorario. UAM, promotor Plataforma por la Democracia Económica;

Diego Santos, economista;

Juan A. Gimeno Ullastres, catedrático de universidad y miembro del Patronato de Economistas sin Fronteras;

Miguel Moreno Torres, periodista y miembro de Economistas sin Fronteras;

Eusebio Pérez Viñas, sociólogo, experto en gestión y administración de empresas.

jueves, 27 de agosto de 2015

[Manifiesto] Economists for $15 Federal Minimum Wage as of 2020


The real, inflation-adjusted, value of the federal minimum wage has fallen dramatically over time. The real value of the federal minimum wage peaked in 1968 at 10.85 an hour, 50 percent above the current level. Moreover, since 1968, average U.S. labor productivity has risen by roughly 140 percent. This means that, if the federal minimum wage had risen in step with both inflation and average labor productivity since 1968, the federal minimum wage today would be $26.00 an hour. (References for all data cited in this petition can be found here: https://www.peri.umass.edu/publication/item/722-technical-appendix-and-references-for-15-00-minimum-wage-petition)

If a worker today is employed full time for a full 52-week year at a minimum wage job today, she or he is making $15,080. This is 21 percent below the official poverty line for a family of three. Raising the minimum wage to $15 an hour would deliver much needed living standard improvements to 76 million U.S. workers and their families. The average age for these workers is 36 years old and they have been in the labor force for an average of 17 years. Only 6 percent of the workers who would benefit from this minimum wage increase are teenagers; i.e., 94 percent are adults.

Numerous states and municipalities throughout the United States are already operating with minimum wage standards above the $7.25 federal minimum. Thus, 29 states plus Washington, DC maintain minimum wages between $7.50 and $9.50. These measures cover 61 percent of the U.S. population. The cities of Los Angeles, Seattle, and San Francisco have all established $15 minimum wage standards that, for all three cases, will be fully phased in as of 2021. A $13 minimum wage will be operating in Chicago as of 2019. Other cities, including New York and Washington, DC, are presently considering similar measures. The State of New York is also examining a $15 minimum wage proposal for the fast-food industry.

Opponents of minimum wage increases frequently argue that such measures will mean fewer employment opportunities for low-wage workers because businesses will be less willing to hire workers at the increased wage level. But the weight of evidence from the extensive professional literature has, for decades, consistently found that no significant effects on employment opportunities result when the minimum wage rises in reasonable increments. This is because the increases in overall business costs resulting from a minimum wage increase are, for the most part, modest.

We recognize that raising the federal minimum wage to $15 an hour as of 2020 would entail an increase that is significantly above the typical pattern with federal minimum wage increases. Nevertheless, through a well-designed four-year phase-in process, businesses will be able to absorb the cost increases through modest increases in prices and productivity as well as enabling low-wage workers to receive a slightly larger share of businesses’ total revenues. On average, even fast-food restaurants, which employ a disproportionate share of minimum wage workers, are likely to see their overall business costs increase by only about 2.8 percent per year through a four-year phase in to a $15 federal minimum wage by 2020. That means, for example, that McDonalds could cover fully half of the cost increase by raising the price of a Big Mac, on average, by 7 cents per year for four years—i.e. from $4.80 to $5.08. The remaining half of the adjustment could come through small productivity gains or a modestly more equal distribution of the increase in revenues generated by the U.S. economy’s overall rate of economic growth.

The economy overall will benefit from the gains in equality tied to the minimum wage increase and related policy initiatives. Greater equality means working people have more spending power, which in turn supports greater overall demand in the economy. Greater equality also means less money is available to flow into the types of hyper-speculative financial practices that led to the 2008-09 Wall Street crash and subsequent Great Recession.

Moreover, the overwhelming factor determining employment opportunities for low-wage workers is macroeconomic conditions—whether the economy is growing or in a recession. Thus, in 1968, when the U.S. minimum wage reached $10.85 in real dollars, the overall unemployment rate was 3.6 percent. By contrast, during the depths of the 1982 recession, the real value of the minimum wage had fallen to $8.22 while unemployment peaked at 10.8 percent.

In short, raising the federal minimum to $15 an hour by 2020 will be an effective means of improving living standards for low-wage workers and their families and will help stabilize the economy. The costs to other groups in society will be modest and readily absorbed.

Signers (Institutional listing for identification purposes only):

lunes, 12 de mayo de 2014

[MANIFIESTO] Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento urgente

Se ha hecho público un manifiesto cuestionando la tendencia y las lineas de reforma fiscal que está promoviendo el gobierno en el Estado español. Se puede consultar en el siguiente enlace y a continuación:

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Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

domingo, 11 de mayo de 2014

[MANIFIESTO] Llamamiento Internacional de Estudiantes de Económicas a Favor de una Enseñanza Pluralista

El pasado lunes día 5, se hizo público un llamamiento internacional (que reproducimos aquí abajo) a favor de una enseñanza pluralista de la economía que ya ha sido apoyado por asociaciones de estudiantes de económicas de más de 22 países y por numerosos economistas de múltiples universidades internacionales. El manifiesto sigue la estela dejada por el Movimiento por una Economía Post-Autista surgido en el año 2004 en Francia y que desde entonces se ha extendido a lo largo y ancho del mundo. Desde el Consejo de Redacción de Economía Crítica y Crítica de la Economía queremos dar nuestro total apoyo a la iniciativa y pediros que os unáis a ella dejando vuestra firma en este link.


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Llamamiento Internacional de Estudiantes de Económicas a Favor de una Enseñanza Pluralista

No es sólo la economía mundial la que está en crisis. La enseñanza de la economía también está en crisis, y esta crisis tiene consecuencias que van más allá de la universidad. Lo que se enseña en la universidad moldea la mentalidad de las próximas generaciones de políticos y, por tanto, da forma a la sociedad en que vivimos. Nosotros, 42 asociaciones de estudiantes de economía de 19 países diferentes, creemos que es hora de reconsiderar la manera en que se enseña la economía. Estamos insatisfechos con el empobrecimiento progresivo del plan de estudios que ha tenido lugar a lo largo del último par de décadas. Esta falta de diversidad intelectual no sólo perjudica a la educación y a la investigación, sino que limita nuestra capacidad para enfrentarnos a los retos del siglo veintiuno – desde la estabilidad financiera hasta la seguridad alimentaria y el cambio climático. Hay que dejar que el mundo real vuelva a entrar en las aulas, y que con él vuelvan el debate y el pluralismo de teorías y métodos. Esto ayudaría a renovar la disciplina y permitiría crear un espacio donde se puedan generar soluciones a los problemas de la sociedad.

Desde todas las partes del mundo, llamamos a un cambio de rumbo. No pretendemos tener la respuesta perfecta, pero no nos cabe duda de que los estudiantes tendrán mucho que ganar con la presencia en los planes de estudios de perspectivas e ideas diversas. El pluralismo no sólo permitiría enriquecer la enseñanza y la investigación y revitalizar la disciplina, sino que conlleva también la promesa de poner la economía de nuevo al servicio de la sociedad. Los planes de estudio deberán incluir tres formas de pluralismo: pluralismo de teorías, métodos y disciplinas.

Pluralismo de teorías significa ampliar el rango de corrientes de pensamiento económico representadas en los planes de estudio. No nos oponemos a ninguna teoría en particular. No se trata de tomar partido, sino de promover debates intelectualmente ricos y de aprender a contrastar ideas críticamente. Mientras otras disciplinas abrazan la diversidad y enseñan teorías distintas aun cuando son incompatibles entre sí, la economía es presentada como un cuerpo de conocimiento unificado. Es cierto que la escuela de pensamiento dominante tiene variaciones dentro de sí, pero no deja de ser una única manera de hacer economía y de mirar al mundo. Esto es inaudito en otros campos: nadie tomaría en serio una carrera de psicología en la que sólo se oyera hablar de Freud, o una carrera de políticas en la que sólo se hablara de socialismo de Estado. Un plan de estudios completo debe promover una variedad de marcos teóricos, desde los enfoques neoclásicos frecuentemente enseñados, hasta los enfoques frecuentemente excluidos, tales como las escuelas clásicas, post-keynesianas, institucionalistas, ecológicas, feministas, marxistas y austríacas, entre otras. La mayoría de los estudiantes de económicas acaban la carrera sin haber visto dicha diversidad intelectual.

Asimismo, es esencial que los planes de estudios incluyan asignaturas que proporcionen una contextualización y fomenten la reflexión sobre la disciplina económica y sus métodos – asignaturas tales como la filosofía y epistemología de la economía. Y, puesto que ninguna teoría puede entenderse del todo sin tener en cuenta el contexto histórico en que fue formulada, los estudiantes habrán de ser expuestos sistemáticamente a la historia del pensamiento económico, a la literatura clásica y a la historia económica. Hoy en día dichas asignaturas o no existen o están relegadas a las márgenes de los planes de estudios.

Pluralismo metodológico significa ampliar el rango de herramientas a disposición de los estudiantes a la hora de analizar y entender fenómenos económicos. Está claro que las matemáticas y la estadística son indispensables para esta disciplina. Sin embargo, a menudo los estudiantes aprenden a dominar estas técnicas sin saber por qué ni cómo utilizarlas, sin discutir cómo se eligen las premisas ni hasta dónde son aplicables los resultados. Es más, hay aspectos importantes de la economía que no pueden ser aprehendidos mediante métodos cuantitativos exclusivamente; un análisis en profundidad requerirá complementar estos métodos con los utilizados por otras ciencias sociales. Por ejemplo, la comprensión de las instituciones y la cultura avanzaría bastante si los análisis cualitativos ocuparan mayor espacio en los planes de estudios. Sin embargo, casi ningún estudiante de económicas cursa clases sobre estos métodos.

Por último, la enseñanza de la economía debe incluir enfoques interdisciplinarios y permitir a los estudiantes interactuar con otras ciencias sociales y con las humanidades. La economía es una ciencia social; los fenómenos económicos son complejos y rara vez se pueden entender si se presentan en el vacío, aislados de sus contextos sociológicos, políticos e históricos. Y para poder discutir sobre política económica adecuadamente, los estudiantes han de entender los impactos sociales y las implicaciones morales de las decisiones económicas.

Aunque la puesta en práctica concreta de tales formas de pluralismo variará sin duda de un lugar a otro, ideas como las siguientes podrían ser de utilidad:
  • la contratación de docentes e investigadores que puedan aportar diversidad teórica y metodológica a los planes de estudio;
  • la creación de textos y otras herramientas pedagógicas que apoyen una oferta formativa pluralista;
  • la formalización de colaboraciones entre departamentos de ciencias sociales y de humanidades, o el establecimiento de departamentos especiales que puedan supervisar programas interdisciplinarios que mezclen la economía y otros campos.

El cambio será difícil, siempre lo es. Pero ya está sucediendo. De hecho, estudiantes de todo el mundo ya hemos empezado a generar cambio poco a poco. Hemos llenado aulas con charlas semanales a cargo de profesores invitados sobre temas ausentes en los planes de estudio; hemos organizado grupos de lectura, talleres, conferencias; hemos analizado los planes de estudio actuales y elaborado programas alternativos; hemos empezado a enseñarnos a nosotros mismos y a otros las nuevas asignaturas que queremos ver en los planes de estudios; hemos fundado grupos universitarios y construido redes tanto a nivel nacional como internacional.

El cambio habrá de venir de muchos lugares. Así que ahora os invitamos – estudiantes, economistas y no economistas – a uniros a nosotros y a crear la masa crítica necesaria para el cambio. Visita www.isipe.net para ponerte en contacto con nuestra creciente red. En última instancia, el pluralismo en la economía es esencial para un debate público saludable. Es una cuestión de democracia.

lunes, 28 de abril de 2014

[MANIFIESTO] Cambiar la política económica para recuperar Europa. La propuesta de Economistas Frente a la Crisis

Me hago eco del manifiesto elaborado por el colectivo de Economistas Frente a la Crisis. Si bien algunas cuestiones pueden ser y són discutibles, como la orientación europeísta de las propuestas o la falta de profundidad para avanzar hacia un verdadero cambio social al adoptar una orientación de gestión capitalista-keynesiana, el contenido del mismo puede servir cómo esbozo para tomar posiciones respecto a cada una de las cuestiones planteadas.

Se puede leer el manifiesto aqui y a continuación:

Cambiar la política económica para recuperar Europa


En su manifiesto fundacional, Economistas Frente a la Crisis aseguraba que el Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. El Manifiesto, escrito a finales de 2011, se centraba en las consecuencias económicas y políticas que las medidas de austeridad estaban teniendo sobre el crecimiento económico, sobre el desempleo y sobre el modelo de convivencia social del que los ciudadanos españoles nos habíamos dotado. Durante los dos años transcurridos desde entonces, hemos sido testigos de cómo una política económica errónea ha puesto en peligro la propia continuidad del Euro y generado enorme sufrimiento humano y social. En el verano de 2012, las tensiones en los mercados financieros llevaron a España a solicitar el rescate de su banca ante el riesgo de un colapso sistémico que, por su efecto contagio, habría tenido consecuencias desastrosas sobre el propio proyecto europeo.


Hoy la economía europea tiene una menor capacidad de crecimiento, lo que se evidencia en una significativa caída del PIB real y potencial. La gravedad de este hecho estriba en que los impulsos a corto plazo, necesarios para poner de nuevo en marcha el motor de la economía europea, son menos efectivos porque la crisis se ha llevado por delante una buena parte de nuestra capacidad industrial y capital humano, expresado en millones de trabajadores desempleados, en la pérdida de conocimiento motivada por falta de inversión en I+D+i y en educación y en la destrucción de miles de empresas. Es decir, se han debilitado los pilares para una recuperación sostenida y sostenible de nuestras economías. El riesgo de entrar en una fase de crecimiento sin creación de empleo y en una dinámica deflacionista amenaza con lastrar la incipiente recuperación. Además, los crecientes niveles de desigualdad y pobreza ponen en riesgo la cohesión y el modelo social europeo. Debemos insistir en que la crisis ha sido utilizada como excusa para reducir los derechos sociales y medioambientales, elemento este último fundamental para el bienestar, la seguridad y el progreso al que Europa no puede renunciar.


Europa siempre ha sido para España el origen de las ideas de cambio y de progreso: los ideales republicanos de la Revolución Francesa, los movimientos emancipadores surgidos a raíz de la revolución industrial, la libertad durante la dictadura… Nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea supuso el regreso de España a un lugar del que nunca debió salir. Como ciudadanos españoles no podemos ser sino europeístas. Nuestra formación como economistas y nuestra experiencia profesional nos dotan del conocimiento para sustentar y reforzar la vocación europeísta de Economistas Frente a la Crisis.


Y sin embargo, la arquitectura institucional europea y la respuesta económica ante la crisis han sido tan dañinas para el conjunto de los ciudadanos europeos que hoy el euroescepticismo es una corriente en alza. De esta tendencia son en parte responsables los gobernantes y líderes comunitarios que, tras haber alejado a Europa de su propio proyecto, alertan ahora paradójicamente contra la vuelta a las soluciones nacionales, insolidarias. La Unión Europea, frente a la crisis, ha fallado a los ciudadanos. Ha fallado en su objetivo de crear prosperidad, empleo, igualdad, solidaridad. Ha fallado porque no ha defendido su razón de ser, la propuesta de Europa a los europeos y al mundo: el Estado del Bienestar.


Esta combinación de marco institucional incompleto y política económica errónea ha provocado fracturas en el interior del proyecto europeo que llevará mucho tiempo cicatrizar. 50 años de avances en la integración, la cohesión y la solidaridad europeas se ven ahora amenazadas por divisiones profundas entre el centro y la periferia, entre países deudores y acreedores, entre euroescépticos y federalistas. En este contexto la respuesta no puede sino provenir de más Europa. Pero no debemos caer en un europeísmo naif, acrítico. La orientación de la política económica europea no sólo viene marcada por algunos países. Son las propias reglas del juego las que están viciadas por determinados intereses políticos e impiden el desarrollo de políticas económicas volcadas al progreso de la economía y al aumento del bienestar de los ciudadanos. Ya es hora de que las organizaciones políticas de la izquierda europea revisen su posición ante la construcción europea y las normas e instituciones que surgieron de Maastricht. Reconocerlo no es malo para la construcción europea.


Las propuestas de Economistas Frente a la Crisis para Europa se articulan en torno a tres ejes:

sábado, 3 de julio de 2010

[Manifiesto] Apoyo a la Huelga del Metro de Madrid


El principio del verano madrileño ha traído consigo una serie de noticias ante las que los y las abajo firmantes no consideramos tener más remedio que posicionarnos públicamente: el incumplimiento, por parte de la Comunidad de Madrid, del convenio colectivo del Metro, y la consiguiente huelga de los trabajadores y trabajadoras del mismo.

Ante dicho suceso, queremos manifestar nuestro más rotundo y claro apoyo al cumplimiento íntegro de los artículos 37 y 28 de la Constitución española (derechos fundamentales de negociación colectiva, huelga y libertad sindical), conculcados por la actuación de la Presidenta de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, quien parece desear apuntalar su carrera política sobre las espaldas de los trabajadores madrileños. La fuerza vinculante de los convenios colectivos nos parece una parte esencial e irrenunciable de cualquier sistema mínimamente democrático de relaciones laborales, lo que nos indica la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la actuación de la Comunidad de Madrid, al incumplir notoriamente el convenio del Metro.

Asimismo, expresamos nuestro claro apoyo y solidaridad para con la huelga llevada a cabo por los trabajadores del Metro de Madrid, en defensa de sus derechos y de su convenio colectivo. Entendemos que dichos trabajadores están defendiendo los derechos democráticos, lo derechos de todos, frente a la marea de ajustes que tratan de descargar el coste de la crisis generada por los especuladores sobre los más débiles, anegando nuestro incompleto Estado del Bienestar.

Es por todo ello, que rubricamos el presente escrito, en Madrid, a 3 de julio de 2010.

Apoyo a la huelga de Metro (firmantes a 19-7):

José Luis Carretero Miramar (Profesor) Carlos Taibo (Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid). Lourdes Barroso (Profesora) Juan Merinero (fotógrafo). Andrés Ruggeri (Profesor. Universidad de Buenos Aires). Ramón Fernández Durán. (Miembro de Ecologistas en Acción y Escritor). Carlos González Osto Inmaculada Jiménez Morell. (Editora) Ana Muiña Fernández. (Editora). Agustín Villalba Quejido. (Editor). Antonio Baylos Grau (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). Francisco José Trillo Párraga (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). Amparo Merino Segovia (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). Berta Valdés de La Vega (Profesora de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla- La Mancha). Ana García Mañas (psicóloga). Antonio Rosas (trabajador EMT). María José Romero Ródenas (Profesora de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). David López Valdeforo (Profesor). María Luisa Mediavilla Herreros. (Biblioteca de Mujeres) Joaquín Pérez Rey. (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). Juana María Serrano García (Profesora de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla- La Mancha). Elena Pintado Miranda (Profesora). Fernando Ballenilla Pastor (Profesor. Universidad de Alicante). Jorge Luis González Fernández (Psicólogo). José Antonio Guillén Medina. (Profesor). Nunzia Castelli (Profesora de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla- La Mancha). Ismael Mengual Verdú. (Profesor). Sandra de Furundarena Reig (Profesora). Joaquín Aparicio Tovar. (Profesor de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha). Pura Sempere Medina (Profesora). Diego Guerrero. (Profesor. Universidad Complutense de Madrid). Juan Pablo Mateo Tomé. (Profesor). Javier Vallet Burguillos. César Sánchez. Luis Buendía (Investigador. Universidad Complutense de Madrid). Rosa María Martín Martínez. (Profesora). Francesca Samper García. (Profesora). Maxi Nieto Fernández. (Profesor. Universidad Miguel Hernández de Elche). Javier Díez Vicario. (Abogado). Ricardo Molero (Investigador. Universidad Complutense de Madrid). Nacho Alvarez. (Investigador. Universidad Complutense de Madrid). Daniel Albarracín. (Investigador). Bibiana Medialdea. Francisco F. García Pérez. (Profesor. Universidad de Sevilla). Manuela Rabasco Redondo. Susana Oviedo Rosales. Ramón Trancho Gayo. . Marcelina Martín González. (Trabajadora de Telefónica) Rosa Lina Jiménez García. Inés Cordón Vergara. Abel Esteban Cabellos. Esperanza Villalba Quegido Virginia Jiménez Serrano. Luis Muiña Fernández. José Antonio Gutiérrez (Analista político, Irlanda). María Laura Casado Bosc (trabajadora cooperativista). Gonzalo Ávila Cruz. Ignacio Casado Galván (Profesor). Pedro A. García Bilbao (Sociólogo. Profesor URJC). Ana Sánchez Rojo. Iván Valle Castellanos. José Conde González (electricista). Hilario Sánchez Díaz (delegado de CGT-Correos de Granada). Roberto Navais Barranco. María Rodríguez Gil (miembro de Ecologistas en Acción y Corriente Roja de Málaga. Traductora). José Gómez Jiménez. Oscar Javier Domingo (miembro de Izquierda Anticapitalista-Burgos). Ricardo Rodríguez Del Río (funcionario de la Agencia Tributaria). Rafael Cid (periodista). Sune Escudero (empleada). Pedro Casas (activista vecinal). José Antonio Martínez (Tovarik militante del PCPE). Tomé Laxe Gómez (estudiante). Jonatán Eustaquio Cano (Solidaridad Obrera-Limpieza Viaria). Marta López Soto (docente. República Argentina). Francisco Javier Cerezo Martín (jardinero). Adolfo Mansilla Montoro (economista). Andrea Benites-Dumont (periodista). Juan Manuel Martín Medem (Periodista). Fernando Rocha Sánchez (sociólogo). Michelle Aslanides (ergónoma). Natalia Slepoy Benites (antropóloga). Oscar Purqueras López. Raúl Camargo Fernández (Izquierda Anticapitalista). Eva Mª Prieto Melcón. Joaquín Ortiz Ruiz (Vicepresidente de Unión Republicana y editor de idearepublicana.com) Eduardo Martínez López (trabajador del Ayuntamiento de Alcorcón). Pablo Carrascón de la Lastra (funcionaria de la AGE). Gema Ruedas Pérez. Amaia Pérez Orozco (economista). Ana Vicente Olmo. Luis Mª González Arias. Rafael Muñoz Porque (Maracaibo.Venezuela). Javier Martín Acosta. Mar Sáiz Domínguez (TSID). Lidia Gañán (profesora). Santiago Deymonnaz (Universidad Carlos III de Madrid). José Luis Humanes Bautista (miembro del Grupo IRU y afiliado a CGT). Esther Pérez Migueláñez (Becaria del Mº de Educación y afiliada a CGT). Marta Malo de Molina Bodelón (traductora e intérprete). Ricardo Felipe (trabajador de Artes Gráficas). Miguel Angel Martínez López (Profesor Universidad Complutense de Madrid). Almudena Bueno. Luis Hurtado Vera. Lino Sánchez-Mármol Gil (biólogo). Francisco Pérez Alex (administrativo). Moisés Blanco López (autónomo). Antonio Tenorio Fornés (estudiante). José Luis Sanz (trabajador de DTS y miembro de Solidaridad Obrera). Rosa Polo Rodrigo (enfermera). Victor Carreño Castelló (ordenanza de Enseñanza). Ana Romero López (periodista). Eduardo Cimadevilla Cavanillas (portero de finca). Silvia Casado Arenas. Carlos Fernández Liria (Profesor de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid). Ethel Odriozola Monzón. José Agustón Balado Muñoz (trabajador de la sanidad). Antonia Manosalvas Caballero. Iván Bordetas Jiménez (investigador. Universidad Autónoma de Barcelona). Oscar López Corral (Marat), (investigador social). Luisa Cuevas Raposo (extrabajadora de Telefónica). Pepe Negrete Moreno. Joaquín Marín. José Juan Morales García. César de Vicente Hernando (gestor cultural). Juan Luis Ruiz-Giménez (SERMAS). Rafael Herguezábal. Tania Rodríguez. Luis Moles Lozano. Xabier Gracia (seminario de economía crítica Taifa). Antonio Hernández (cooperativista, educador y trabajador de campo). María Florencia Alvarado. Carmen Sequi Vila (maestra). José Ramón Otero Roko (poeta, periodista de Cambio 16). Enrique Díaz Cabrero. Chomin Chunchillos (profesor). Jorge Cánovas Rocamora. Eva Lázaro Gutiérrez. David Moreno (administrativo). Yayo Herrero (Ecologistas en Acción). Eduardo Gutiérrez (economista). Consuelo García Rincón (empleada pública CAM). Mayte Terrero. Servando Rocha (abogado y escritor). Gregorio López Soriano. Miguel Candel Sanmartín (Profesor. Universidad de Barcelona). Francisco Javier Martín Ortiz (Profesor). José Cienfuegos González. Roberto L. Barbeito Iglesias (Profesor de Sociología de Universidad). Alejandro Maculet Alvarez. Joaquín Minguillón Sánchez.(trabajador de la ONCE) Raquel Álvarez Buhilla Sastre (trabajadora de la ONCE). Angel Navarro (enfermero del SERMAS). Laura Vázquez Martí (investigadora de mercados). Marta García Novo (investigadora. CCHS-CSIC). José Manuel Paredes Castañón. Enrique Javier Vega Ramos (frigorista). Carlos Huerga (ingeniero técnico aeronáutico). Jesús Muñoz López (abogado). Francisco Marcellán (Profesor de Matemática Aplicada. Universidad Carlos III). Lily Litvak (catedrática). Luis M. Sáenz (coeditor de la revista Trasversales). Mateo Seguí. Iñaki García Borrego (Profesor de Sociología de las Relaciones Laborales. Universidad de Castilla-La Mancha). Antonio O´Connor Oliveros (CGT de CESCE). María Alonso Hernández. Saúl Pascual Asprón. José Casas (Profesor de Historia. Córdoba. Argentina). Pilar Diego-Madrazo Zaragoza. Marianne Brull. Santiago Quiroga García (profesor). Silvia Palacio Pérez Camino (camarera y usuaria). Carmen Felipe (realizadora). Vidal Aragonés Chicharro (abogado laboralista del Col.lectiu Ronda). Frank Mintz (Pallaiseau, Francia). José Mª Fernández Pérez (educador social cooperativista). María Maza. Jhonathan Roca Pelayo (Lima. Perú). José Luis Santacruz. Antonio Martín Hernández (trabajador de las TIC). Roque Borras (trabajador de Correos). Evelyne Tocut. Isidoro Fernández. Oscar Revilla Alguacil (informático). José Lizano (Assoc. Cívica Mogoda per la III República). Alberto Mayor Barahona (delegado sindical CGT). Arturo Gómez Fernández (CGT de Tomelloso). Maite Palacios Blasco. Miguel A. Martínez. Lorenzo Higueras Martínez (afiliado a CNT y usuario). Laura Cortés Ruiz (profesor). Justo Barboza (dibujante). Jesús Sanz Abad (Profesor de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid). José Agundez Rodríguez (ferroviario). Albert Herbera López (trabajador de SEAT-Martorell, afiliado a CCOO). Jorge Hernández Trilla (ingeniero de sistemas). Ubaldo Hernández Campo. Almudena de Lucas Tortajada (funcionaria). Javier Hernández Torre. Luis Miguel de Lucas (diseñador gráfico). Marcela Serrano Zoido. Narcis Coromina Vidal. Jorge Pleite Sánchez. Alberto García-Teresa (auxiliar de biblioteca). Ibán Moreno (personal laboral de la AGE). Lluis Rodríguez Algans (economista, miembro del ICEA). Carmen Miramar Blázquez (ingeniero técnico químico, funcionaria). Pilar Parrilla Jiménez (empleada pública). Ernesto Sarabia Alfaro (ciudadano). José Javier González de la Paz (funcionario y periodista). Manuel Vázquez Naveira. Isabel Pérez Torrado. José Andrés Sánchez Corral. Encarnación Sánchez García.

domingo, 24 de mayo de 2009

[Manifiesto] 40 destacados economistas norteamericanos firman una declaración a favor de la resindicalización de la vida económica

40 destacados economistas norteamericanos firman una declaración a favor de la resindicalización de la vida económica


Premios Nobel como Arrow, Sollow y Stiglitz, y otros 37 científicos sociales norteamericanos de primer nivel, como Dean Baker, James Galbraith, Brad De Long, Robert Frank, Richard Freeman, Frank Levy, Lawrence Michel y Robert Pollin, en apoyo de los sindicatos, de los trabajadores y de una nueva legislación que democratice la vida laboral en los EEUU. 

Aunque su colapso ha dominado la reciente cobertura de noticias por parte de los medios de comunicación, el sector financiero no es el único segmento de la economía estadounidense que atraviesa graves dificultades. Las instituciones que gobiernan el mercado de trabajo han fracasado también, generando la insólita e insana situación actual, en la que la remuneración horaria de los trabajadores norteamericanos se ha estancado, a pesar del incremento de su productividad.

En efecto: entre 2000 y 2007, el ingreso del hogar mediano en edad laboral cayó en 2.000 dólares, un desplome sin precedentes. En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de norteamericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente.

Una respuesta natural de los trabajadores incapaces de mejorar su situación económica es organizarse sindicalmente para negociar una participación más equitativa en los resultados de la economía, y ese deseo queda bien reflejado en encuestas recientes. Millones de trabajadores norteamericanos –más de la mitad de los que no tienen cargos ejecutivos— han dicho que desean la presencia de sindicatos en su puesto de trabajo. Sin embargo, sólo el 7,5% de los trabajadores del sector privado están ahora mismo representados por una organización sindical. Y en todo 2007, menos de 60.000 trabajadores lograron una posición sindical mediante elecciones sancionadas por el gobierno. ¿Qué es lo que explica tamaño hiato? 

El problema es que el proceso electoral supervisado por el Comité Nacional de Relaciones Laborales ha degenerado y se ha vuelto hostil, con feroces campañas de la patronal para prevenir la sindicalización, a veces hasta el punto de incurrir en flagrante violación de la legislación laboral. Los simpatizantes de los sindicatos son rutinariamente amenazados y aun despedidos, y tienen pocos recursos efectivos para defenderse legalmente. Y aun cuando los trabajadores logren superar esa presión y votar por la presencia sindical en sus puestos de trabajo, dada la resistencia de la patronal, una de cada tres veces son incapaces de lograr contratos.

Para remediar esa situación, el Congreso está reflexionando sobre la oportunidad de la Ley de Libertad de Elección de los Empleados (EFCA, por sus siglas en inglés). Esa ley cumpliría tres propósitos: en primer lugar, daría a los trabajadores o la oportunidad de usar un mecanismo de firmas mayoritarias –instituyendo un procedimiento sencillo para que los trabajadores pudieran indicar, con sólo estampar una firma, su apoyo a la presencia sindical en el puesto de trabajo—, o la puesta en marcha de unas elecciones supervisadas por el Comité Nacional de Relaciones Laborales; en segundo lugar, triplicaría el castigo para los empresarios que despiden a sindicalistas o violan otras leyes laborales; y en tercer lugar, crearía un proceso capaz de garantizar que se dé a los empleados recién sindicalizados una oportunidad justa para obtener un primer contrato, pudiendo acudir a un arbitraje tras 120 días de negociaciones infructuosas.

La EFCA reflejará mejor los deseos de los trabajadores que la actual “guerra en torno a la representación”. La Ley rebajará también los niveles de acrimonia y desconfianza que acompañan ahora a menudo las elecciones sindicales bajo el presente sistema.

Una marea creciente sólo levanta todos los botes cuando el trabajo y la patronal negocian en condiciones de relativa igualdad. En las últimas décadas, el grueso del poder negociador ha estado del lado de la patronal. La actual recesión seguirá debilitando la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar colectivamente.

La EFCA no es una panacea, pero restauraría cierto equilibrio en nuestros mercados laborales. Como economistas, creemos que es de vital importancia avanzar en la reconstrucción de nuestra vida económica y robustecer nuestra democracia fortaleciendo la voz del pueblo trabajador en el puesto de trabajo. 

Firman esta declaración: Henry J. Aaron, Brookings Institution; Katharine Abraham, University of Maryland; Philippe Aghion, Massachusetts Institute of Technology; Eileen Appelbaum, Rutgers University; Kenneth Arrow, Stanford University; Dean Baker, Center for Economic and Policy Research; Jagdish Bhagwati, Columbia University; Rebecca Blank, Brookings Institution; Joseph Blasi, Rutgers University; Alan S. Blinder, Princeton University; William A. Darity, Duke University; Brad DeLong, University of California/Berkeley; John DiNardo, University of Michigan; Henry Farber, Princeton University; Robert H. Frank, Cornell University; Richard Freeman, Harvard University; James K. Galbraith, University of Texas; Robert J. Gordon, Northwestern University; Heidi Hartmann, Institute for Women’s Policy Research; Lawrence Katz, Harvard University; Robert Lawrence, Harvard University; David Lee, Princeton University; Frank Levy, Massachusetts Institute of Technology; Lisa Lynch, Brandeis University; Ray Marshall, University of Texas; Lawrence Mishel, Economic Policy Institute; Robert Pollin, University of Massachusetts; William Rodgers, Rutgers University; Dani Rodrik, Harvard University; Jeffrey D. Sachs, Columbia University; Robert M. Solow, Massachusetts Institute of Technology; William Spriggs, Howard University; Joseph E. Stiglitz, Columbia University; Peter Temin, Massachusetts Institute of Technology; Mark Thoma, University of Oregon; Lester C. Thurow, Massachusetts Institute of Technology; Laura Tyson, University of California/Berkeley; Paula B. Voos, Rutgers University; David Weil, Boston University; Edward Wolff, New York University. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón