El
contexto
de crisis económica en el que estamos inmersos hace que el
debate sobre lo financiero y económico esté muy presente en todos
los ámbitos sociales, también en el legislativo y judicial. Por
otra parte, a la inversa, los juzgados y tribunales cada vez están
asentando de forma más sistemática criterios de interpretación del
contenido de la información financiera, económica, productiva y
organizativa. Los ejemplos són múltiples, basta con observar estos
aspectos en las resoluciones sobre las reducciones salariales o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo -MSCT-, reducción de jornada o suspensión de contratos -ERTE-, despidos individuales y colectivos -ERE-, así como en procesos concursales y liquidación de empresas, donde la determinación y concreción de las causas económicas, productivas y organizativas, así como la información relacionada para la negociación de las medidas se vuelve fundamental.
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