En el periódico Solidaridad Obrera nº348 (marzo-abril 2011) se incluye un artículo de Lluís Rodríguez,
economista y miembro de ICEA, sobre la reforma lde pensiones que han
pactado el gobierno, patronal y sindicatos oficiales. Dicha reforma,
tal y como se expone en el artículo, es innecesaria y perjudicial para
los intereses de los actuales y futuros pensionistas.
Se puede leer el artículo en catalán pinchando aqui, y la traducción al castellano a continuación:
Pacto social, recortes de pensiones e incremento de la pobreza
Lluís Rodríguez1
El reciente “pacto social” entre patronal, sindicatos oficiales y gobierno2
ha provocado un nuevo retroceso en los derechos laborales y sociales de
la clase trabajadora. En este caso, el tema estrella es el recorte de
las pensiones. Antes de entrar a valorar lo acordado por estos supuestos
representantes sociales, es imprescindible contextualizar los motivos
por los cuales se promueven este tipo de reformas que perjudican
seriamente los estándares de vida de la mayoría de la población en
España.
De entrada, como decíamos en otro artículo3,
este tipo de reformas se aplican con un trasfondo de crisis económica y
paro masivo, que parece justificar todo tipo de actuaciones por parte
del gobierno. Si en el caso de la reforma laboral, el falso argumento
esgrimido por los poderes empresariales y estatales es la necesidad de
crear empleo fijo en un contexto de elevadas tasas de paro, en el caso
de la reforma de las pensiones se insiste de nuevo, después de muchos
años con la misma cantinela, en la inviabilidad futura del sistema de
pensiones. El objetivo de la patronal y el gobierno es evidente:
aprovechar la coyuntura para imponer el máximo de ajustes posibles
contra la clase trabajadora, con el objetivo de recuperar la
rentabilidad perdida y someter más las rentas salariales a la vez que a
todos los trabajadores y trabajadoras.
¿Pensiones públicas inviables?
Las
pensiones públicas no están en peligro y no existe razón técnica para
promover el tipo de reformas que se están aplicando. Dicho de otra
forma, las pensiones públicas están en peligro cada vez que se plantean
reformas como las pactadas recientemente. Es conveniente pues observar
como se ha urdido por los medios de comunicación un discurso
deliberadamente alarmista sobre los “drásticos descensos del superávit” o
el “desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social”. Sin embargo,
las cuentas de la Seguridad Social continúan con superávit,
concretamente en 2010 el superávit fue de 11.100 millones de euros. Si
bien es cierto que existen factores que en un futuro pueden condicionar
la evolución negativa de dichas cuentas, el análisis de estos factores
está totalmente sesgado por los intereses empresariales de la banca, tal
como han demostrado muy eficientemente economistas como Albert Recio4, Daniel Albarracín5, Juan Torres6, Vicenç Navarro7, Miren Etxezarreta8 o Josep Gonzalez Calvet9.
Dichos economistas en sus artículos e informes refutan la centralidad
de las tesis de envejecimiento de la población y la disminución de
cotizantes como justificaciones para recortar el gasto en pensiones.
Para ello introducen otros elementos de análisis como la movilidad
laboral, las previsiones de crecimiento de la productividad por
trabajador, que compensarán el incremento de pensionistas, las
previsiones de crecimiento del PIB que facilitará su distribución para
pensiones, la eventual necesidad de incrementar los salarios, las
cotizaciones y/o el gasto en pensiones respecto al PIB como hacen otros
países europeos, así como la posibilidad de buscar vías alternativas de
financiación mejor redistribuidoras para con la clase trabajadora, como
impuestos a los empresarios y ricos.
Además,
una crítica reciente a las posiciones adoptadas por el gobierno y los
sindicatos oficiales respecto a las pensiones, se evidencia con la
publicación, casualmente tardía, por parte del propio Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de un estudio del citado economista Josep
González Calvet10,
el pasado 10 de Febrero de 2011 (unos pocos días después de la firma
del acuerdo sobre las pensiones). En este estudio donde se analizan las
posibles proyecciones demográficas y de la propia economía española a
largo plazo, se plantea que es factible equilibrar el sistema de
protección social incrementando las cotizaciones cuando sea necesario.
Así pues, como dice el autor, para
la hipótesis más probable de evolución demográfica y fase del ciclo
económico en la década crítica (2050), el tipo de cotización “solo”
debería aumentar hasta el 66% en esa década. Para la hipótesis más
optimista bastaría con que aumentara hasta el 45%. Con posterioridad,
estos tipos descenderían en los dos últimos casos al 57% y al 37%
respectivamente11.
En este sentido, dentro de las hipótesis del estudio de este economista
se contempla mantener constante la distribución de la renta
(salarios/beneficios empresariales) que si variara a favor de los
salarios, es decir que estos incrementaran respecto a los beneficios, no
sería necesario un incremento tan grande de las cotizaciones sociales.
En todo caso un incremento gradual de las cotizaciones se vería
compensado por el incremento de la productividad estimada, siendo
plenamente asumible por la propia economía española. Asimismo González
Calvet apunta que una
política laboral que propicie la precariedad, los bajos salarios y un
crecimiento de la remuneración salarial real menor que la productividad
es incompatible con la viabilidad del sistema público de pensiones. Por último concluye que otros
modos de reequilibrio del sistema de protección social que supongan la
reducción de las prestaciones o de la tasa de sustitución
prestación/salario incrementarán de forma drástica el nivel de pobreza. Según este economista (ver nota 9) si
se reduce la pensión entre el 40% y 50%, necesario para equilibrar el
sistema, la pobreza entre la gente mayor aumentaría hasta un intolerable
50%, es decir, una de cada dos personas mayores sería pobre. Ésta
es precisamente la opción que han escogido los firmantes del reciente
“pacto social”, olvidándose de todo lo demás, premeditadamente y en
beneficio de los capitalistas.
La reforma laboral como antesala de la reforma de pensiones
La
recientemente impuesta reforma laboral (35/2010 de 17 de septiembre)
tiene la particularidad de facilitar el despido, ya sea por la reducción
de la indemnización por despido improcedente que pasa a generalizarse
en los 33 días por año trabajado con 24 mensualidades, ya sea por las
facilidades a la hora de despedir por causas económicas (20 días por año
con 12 mensualidades) llegando a subsidiar el Estado dichos despidos
hasta con 8 días por año. Asimismo dicha reforma, al facilitar el
despido, va a promover la equiparación de la contratación fija con la
temporal por lo que presumiblemente entremos en una tendencia aún mayor
de rotación contractual en el mercado de trabajo. Conviene no olvidar
que los contratos que se han firmado en los últimos años son temporales
en un 90% de las ocasiones. Las vías que se abren son precisamente
generalizar períodos de destrucción de empleo fijo, creación de empleo
temporal, sometimiento al paro de larga duración, períodos de subempleo,
etc. Está dinámica perversa de discontinuidad en las trayectorias
laborales, trasladada a las cotizaciones para las pensiones, supone una
disminución drástica de la futura pensión pública. Si a esto le añadimos
que dicha dinámica se está extendiendo a los trabajadores y
trabajadoras de todas las edades, no solo a los y las jóvenes, y que la
tendencia salarial es a disminuir frente al incremento de los beneficios
empresariales, tenemos todos los ingredientes para que la estructura
del mercado de trabajo juegue un papel fundamental en la determinación
de las futuras pensiones de miseria. El reciente “pacto social” ha
finiquitado el debate de la reforma laboral y en consecuencia ha
rematado el impacto destructivo contra la clase trabajadora de la
reforma de pensiones.
Reforma de pensiones 2011: objetivos y consecuencias
No
contentos con lo anterior, la patronal y el gobierno han planteado una
reforma de pensiones pactada con los sindicatos oficiales CCOO y UGT
donde, entre otras medidas, los
trabajadores tendremos que cotizar 38 años y medio (frente a los 35 de
ahora) para jubilarnos a los 65, algo prácticamente imposible por la
situación de temporalidad y precariedad actuales, cosa que significará
jubilarse a los 67 para tener derecho a la pensión máxima, que es la
otra opción que se nos ofrece12. Asimismo se computarán los últimos 25 años de vida laboral para calcular la pensión, frente a los 15 últimos de ahora.
Tanto
aumentar la edad de jubilación como incrementar los años para calcular
la pensión suponen un claro ataque a los derechos conseguidos como
trabajadores a lo largo de décadas de lucha: la primera opción supondrá
dos años menos de pensiones trabajando dos años más (o lo que es lo
mismo: una pérdida de cuatro años), además de dificultar la entrada a
los jóvenes al mercado de trabajo; la segunda provocará que se incluyan
muchos tramos de trayectorias laborales discontinuas rebajando la
pensión ultima.13
Si
tenemos que hablar de los efectos últimos de esta reforma de pensiones,
que no son más que los verdaderos objetivos que las promueven, éstos se
pueden sintetizar en dos aspectos. Por una parte los poderes estatales y
empresariales persiguen la reducción drástica de la cuantía de las
pensiones públicas como forma de atenuar los déficit de las cuentas del
Estado a la vez que cargan estas reducciones a las rentas salariales
pagadas por cotizaciones y devueltas a la jubilación (salarios
diferidos). Por otra parte se pretende forzar la situación para promover
la privatización de las mismas (independientemente de que se incentiven
por otras vías las privadas). En la medida que la clase trabajadora vea
que la pensión pública que le queda es muy baja, se planteará hacerse
planes de pensiones privados. Es por esa vía lenta por la que el capital
financiero puede hincar el diente a una masa importantísima de capital
que estaba “fuera de mercado” en manos de la Seguridad Social y el
Estado. El incentivo de las pensiones privadas perjudica también a las
pensiones públicas
porque las desgravaciones fiscales a ellas aparejadas suponen una merma
en los ingresos públicos que podría revertir en el sostenimiento de las
pensiones -o de cualquier otro mecanismo de protección social-.
Asimismo no podemos olvidar que las pensiones privadas de momento son
las que han demostrado estar más en crisis que ninguna otra, ofreciendo
rentabilidades más bajas que la deuda pública en muchos casos y siendo
únicamente rentables para las instituciones financieras que las
promueven.
Es
en este contexto, de aplicación de políticas públicas que solo
benefician a la patronal y al capital financiero, donde los y las
trabajadoras debemos señalar a los culpables (Gobierno y Patronal) y
cómplices (CCOO y UGT) y responder a las agresiones con mayor
contundencia. La defensa del sistema público de pensiones tiene que ser
el primer paso para evitar que seamos pisoteados y empobrecidos para que
gentuza que se dedica a gobernarnos, “representarnos” y someternos
vivan en la abundancia. Asimismo es indispensable caminar hacia un
sistema de seguridad social comunitario y autogestionado, alejado de los
vaivenes político-estatales y de los intereses de los empresarios.
Solamente mediante la lucha por el cambio social podremos mantener una
vida digna en lo moral y lo material.
Notas:
1
Economista y estudiante de postgrado en Trabajo y Politica Social.
Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión –
ICEA. Agradezco los comentarios de los compañeros de ICEA al artículo.
2“Acuerdo Social y Económico. Para el crecimiento el empleo y la garantia de las pensiones”, de 2 de Febrero de 2011. Consultable en http://www.la-moncloa.es/docs/Acuerdo.pdf
3Rodríguez, Lluís. “Contrareforma del mercat de treball a Espanya: una anàlisi econòmica i laboral”. Solidaridad Obrera, nº347 de Gener-Febrer de 2011.
4Recio, Albert. “Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal” en Mientras Tanto electrónico. Consultable en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116200
5Albarracín, Daniel. “Las pensiones, entre el presente y el futuro”. Periódico CNT, nº 375 (Febrero 2011) y nº376 (Marzo 2011).
6Torres, J; Navarro, V. “La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones. Errores, medias verdades y silencos al servicio de la banca” ATTAC. Consultable en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/11/pensiones100attac.pdf
Navarro, V; Torres, J; Garzón, A. “¿Estan en peligro las pensiones públicas?” ATTAC. Consultable en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/03/navarrotorresgarzon_pensiones.pdf
7Se pueden consultar varios artículos en su web: http://www.vnavarro.org/?lang=es&s=pensiones
8Ver, Etxezarreta, Miren [et al.] Qué pensiones, qué futuro. El Estado del bienestar en el siglo XXI. Icaria editorial, 2010.
9“Notes sobre el sistema de pensions”, consultable en http://altersocialismo.wordpress.com/2011/01/31/notes-sobre-el-sistema-de-pensions-gonzalez-calvet/
10González Calvet, J. “Demografía, inmigración y viabilidad del sistema de pensiones. Análisis y proyecciones para España”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 10 de Febrero de 2011. Consultable en tres partes en la siguiente dirección: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/144226.pdf /144227.pdf /144228.pdf. Ver pp. 132-133 para las citas.
11Siendo el tipo de cotización actual del 36'5%, según dicho estudio.
12Si
hacemos un cálculo con los datos de los años cotizados por los
trabajadores en la seguridad social, vemos como más de la mitad de los
trabajadores tendremos que jubilarnos a los 67 años si queremos cobrar
toda la pensión.
13Diferentes
estimaciones evidencian que con esta reforma la pensión media se
reducirá entre un 20% y un 40% por los motivos expuestos y por la
pérdida general debida a la ampliación de los años para calcular la
pensión puesto que existe un diferencial entre los salarios reales
antiguos y recientes, como plantea el economista Ignacio Zubiri en el
siguiente artículo:
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