Reproduzco a continuación el artículo publicado en el blog Radicales Libres del Diario Público.
En un artículo anterior, tratamos el pilar de la negociación colectiva y la política sindical
para sustentar un reimpulso de los sindicatos en la sociedad. En este
artículo trataremos los otros tres pilares citados que dependen
fundamentalmente del propio sindicalismo: gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical.
La negociación colectiva y la política sindical nos llevan a la
necesidad de tratar el segundo pilar del poder sindical en estrecha
relación cómo es la gestión del conflicto laboral, las huelgas y los
repertorios de presión. Es evidente que sin presión no hay negociación, y
sin presión potente no hay negociación colectiva con contenidos que
sirvan para el avance social. Desgraciadamente, el contexto de crisis
económica y la falta de recursos sindicales dificultan articular en todo
su alcance la herramienta más potente de presión productiva, económica y
financiera contra las empresas cómo es la huelga total (de días y horas
de trabajo) indefinida (de extensión temporal), quizás también la
máxima expresión de la acción directa colectiva de los y las
trabajadoras. En su lugar las huelgas que se convocan -en realidad paros
parciales o totales de unos pocos días- son más avisos de
conflictividad a las empresas que mecanismos de presión económica y
financiera real. El motivo por más que obvio no está de más señalarlo:
los y las trabajadoras y sus familias no pueden lanzarse a huelgas
totales indefinidas sin un apoyo financiero que ayude a cubrir o mitigar
dejar de percibir ingresos por estar en huelga, aun cuando sea para
mejorar sustancialmente las condiciones de empleo. Para solventar éste
hándicap, uno de los instrumentos cruciales es la Caja de Resistencia,
utilizada por sindicatos de ámbito estatal (USO) y nacional (ELA, LAB, ESK o CIG)
que aportan de sus propios recursos internos, según los reglamentos
prefijados, subsidios de huelga que cubren al menos el Salario Mínimo
Interprofesional (764 euros en 12 pagas) para cada huelguista.
Realizando un breve ejercicio de análisis, para el caso de una
hipotética organización sindical de 10.000 personas afiliadas que
dedicase 5 euros mensuales de la cuota sindical a una Caja de Resistencia Confederal,
tendría capacidad de sostener con 50.000 euros mensuales la huelga
indefinida completa de 65 trabajadoras recibiendo este subsidio de
huelga mensual de 764 euros. Es cierto que en función del diseño de la
estrategia de huelga, sería posible cubrir con esa financiación más
huelguistas, seguramente hasta el doble. Además, todo ello sin contar
con el factor ahorro continuo que implica el hecho de no convocar
continuamente huelgas con esta intensidad, lo que implica multiplicar la
potencia financiera. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de empresas
en el Estado español son Pymes ¿Qué empresa pequeña o mediana de hasta
250 trabajadoras puede resistir económica y financieramente una huelga
indefinida total de estas características sin entrar a negociar y
acordar convenios colectivos con contenidos como los anteriormente
citados? ¿Acaso esta red de seguridad sindical no permite e incentiva la
adhesión a la huelga y por extensión a la afiliación sindical?
La experiencia demuestra que prácticamente ninguna empresa puede
resistir huelgas de estas características, puesto que huelga y caja de
resistencia multiplican el poder de negociación sindical,
independientemente que estemos tratando o no con segmentos laborales o
sectores estratégicos que disponen de un poder de negociación
estructural. Ejemplos al respecto los tenemos en Euskadi y Navarra, y en
algunos casos la consecución de un convenio colectivo con las
características citadas, ha venido en el marco de la convocatoria de
huelga indefinida para la retirada de medidas de despido colectivo o
reducción salarial en paralelo a promover la negociación de un convenio
con cláusulas de blindaje que dejen fuera de las empresas las
contrarreformas laborales, consiguiendo ambos objetivos [1].
En un grado mayor, funcionarían cajas de resistencia intersindicales
de forma permanente dentro del sindicalismo combativo con cobertura de
subsidios de huelga, extendiendo las fuentes de ingresos a la
solidaridad externa a las organizaciones. En un grado menor de
efectividad, funcionan también cajas de resistencia de secciones
sindicales o sindicatos que no son confederaciones, sin embargo éstas no
consiguen el ahorro colectivo necesario para implementar fórmulas de
subsidios de apoyo a huelga como las cajas de resistencia confederales y
por extensión es difícil que puedan articular en toda su extensión el
poder de negociación sindical. Asimismo, en múltiples conflictos
laborales y huelgas como Coca – Cola, Panrico, TMB -Autobuses de
Barcelona- o las del sector de la minería de Asturias, por poner algunos
ejemplos, se han abierto cajas de resistencia para apoyar los gastos
generados por dichos conflictos y el reparto de recursos para los
huelguistas de los mismos, pero pese a su interés al abrirse a la
solidaridad externa, no son permanentes y no permiten ahorro para
relanzar nuevos conflictos. Uno de los conflictos y huelga recientes que
ha contado con el apoyo de una caja de resistencia particular,
vinculada al movimiento cooperativo ha sido Correscales, con apoyo de cooperativa de finanzas Coop57.
Es cierto, por otra parte, que esa dificultad de financiar la
resistencia laboral en los conflictos se puede solventar incluyendo en
los pactos de fin de huelga, cláusulas de recuperación de salarios y
seguridad social dejados de ingresar por parte de las empresas, en tanto
son las empresas las responsables de abocar las plantillas al conflicto
al no querer negociar ejerciendo su poder de decisión sobre la clase
trabajadora.
La experiencia demuestra que prácticamente ninguna empresa puede resistir huelgas largas, puesto que huelga y caja de resistencia multiplican el poder de negociación sindical, independientemente que estemos tratando o no con segmentos laborales o sectores estratégicos que disponen de un poder de negociación estructural.
Por otra parte, la capacidad huelguística y de confrontación a la
política económica y laboral neoliberal, tanto a nivel sectorial cómo
general, también ha sido la característica diferencial del movimiento
sindical vasco respecto al del resto del Estado, agrupado en la mayoría
sindical vasca (ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE, HIRU y en la mayoría de
huelgas también CGT y CNT), abordando la convocatoria de 8 huelgas
generales en el periodo 2009-2013. En el caso de tres de ellas también
fueron a la huelga general CCOO y UGT lo que provocó un mayor impacto,
si cabe, de afectación de la huelga. La huelga general sin duda es la
forma de huelga con mayor potencia para presionar y proponer otra
política económica y laboral a los gobiernos neoliberales que incumplen
sistemáticamente su responsabilidad de servicio y protección de las
mayorías sociales [2]. Es en el marco de las huelgas generales, dónde
también se ha experimentado la convocatoria de la denominada huelga
social, que incluye una perspectiva de huelga de consumo y huelga de cuidados,
cómo forma de multiplicar la potencia de la huelga general, a la vez
que de visibilizar aquellos segmentos laborales explotados por el
conflicto capital-vida y con mayores dificultades de acción colectiva.
Sin embargo, pese a esta capacidad efectiva de confrontación
huelguística del movimiento sindical en las empresas es necesario citar
también que el abordaje del conflicto laboral desde la parte sindical se
encuentra con múltiples trabas de las empresas que vulneran
sistemáticamente los derechos de huelga y tratan de impedir que se
detenga la producción por todos los medios posibles [3], también por
parte de los gobiernos que imponen servicios mínimos ilegales y
abusivos.
Grave también para la capacidad sindical futura, es la aceptación e
introducción en la negociación colectiva de las propuestas patronales de
cláusulas de paz social o en los acuerdos marco, la introducción
sistemática para la mayoría de convenios de mecanismos de conciliación
previa a la convocatoria de huelgas, alargando de facto los preavisos y
trámites para evitar la expresión y resolución obrera del conflicto
estructural entre el trabajo y el capital o su lógica aplicada a los
servicios públicos.
Todo lo anterior, obliga a recurrir a los piquetes y al boicot de productos y servicios,
así como a explorar otros repertorios de presión sindical y social para
la consecución de los objetivos predeterminados, contrarrestando el
mantenimiento de la producción que realizan las empresas la mayoría de
veces ilegal. Las nuevas tecnologías y canales de comunicación ofrecen
amplias posibilidades de campañas y acciones sindicales también, así
como formulas del llamado label sindical, cómo fórmula para
asegurar desde el sindicalismo que los productos o servicios ofrecidos
por las empresas cuentan en su producción con el cumplimiento de todos
los derechos laborales y sociales.
