Ángel Elías, director de la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales, es el encargado de presidir e inaugurar el I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social, que
servirá para tratar un tema candente: las crisis empresariales y los
derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores. Magistrados,
sindicalistas y economistas intercambian ideas, denuncias y alternativas
sobre estas cuestiones. Elías considera que las modificaciones
establecidas en la Reforma Laboral vulneran derechos básicos de los
trabajadores y asegura, pro ejemplo, que aunque "teóricamente no, en la
práctica, el hecho de estar enfermo posibilita el despido".
Estas jornadas de Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y
social reúnen por primera vez al sector entorno a estos temas
conflictivos. ¿La convocatoria responde a una reclamación del sector,
era ya una necesidad imperiosa para ustedes desarrollar este intercambio
de conocimientos, y opiniones?
Hemos cumplido 25 años en la Universidad y uno de los
elementos centrales que tenemos como misión es favorecer todo el ámbito
de una mayor justicia social y en este caso, concretado en el ámbito del
empleo y las relaciones laborales. Hace tres años en el verano del
2012, tras varias medidas de retroceso por parte del Gobierno español,
aprobamos un lema, "Por el reparto justo de la riqueza", que implica en
el ámbito laboral, apostar por otro tipo de políticas, que en vez de
alargar las desigualdades, favorezcan la relación y la igualdad de todas
las personas. Estamos en un momento importante de petición de la
sociedad de cambios y en el ámbito más estrictamente jurídico
profesional, en los últimos meses se han ido produciendo unas cuantas
decisiones judiciales de interés que en muchos casos han servido de
freno a parte de las consecuencias que implican estas medidas del
Gobierno. Creímos oportuno favorecer este encuentro de utilidad para
quienes trabajan día a día en los tribunales.
Los profesionales que asesoran a trabajadores y trabajadoras para la
defensa y consecución de derechos estarán desbordados. Se han disparado
los recursos y sufrirán un desgaste importante ¿es así?
Efectivamente. Consecuencia de estos cambios normativos, las decisiones
judiciales son novedosas, la anterior jurisprudencia no sirve. Esto por
una parte es un elemento de necesidad de formación continua y de hacer
frente con mayor ingenio y mayor capacidad profesional a las nuevas
exigencias y por otra parte, es verdad que asistimos a muchísimas
empresas que se han visto obligadas a tener que presentar solicitudes de
EREs y en consecuencia asistimos a muchísimas personas trabajadoras que
se han encontrado en situación de suspensión o exención de sus
contratos. Junto a esto , las personas que se han incorporado al empleo,
en una inmensa mayoría de casos, lo han hecho en situaciones
discriminatorias en relación a los empleos que antes había, en
condiciones económicamente mucho más desventajosas e incluso cuando
finalmente se consigue un contrato indefinido, la flexibilidad hace que
no sea una garantía efectiva. En cualquier momento pueden dar por
terminado el trabajo. La coyuntura es preocupante y más que nunca,
nuestra obligación como centro universitario público es apoyar a quienes
en el día a día intentan favorecer los intereses de las personas que
trabajan o quieren trabajar.
'Minijobs' y 'minisalarios' son una constante entre la escasa oferta de
empleo. Son las mujeres quienes lo sufren especialmente, ¿por qué?
La realidad del mercado laboral nos dice que bien porque la mayoría de
empleos femeninos están a nivel económico y condiciones de trabajo en
situación de inferioridad respecto a los llamados masculinos- que son
más del ámbito de la industria y cuando se trata de conciliar vida
personal y ocupaciones familiares de cuidados y demás , estamos en una
cultura en que mayoritariamente siguen siendo las mujeres las que
realicen ese tipo de trabajos. Con independencia de algunas políticas de
incentivar contratos parciales para hombres, los datos estadísticos
manifiestan que la mayoría de esos empleos precarios siguen siendo para
mujeres. Y ellas no eligen voluntariamente trabajar menos tiempo, el
mercado lo único que le ofrece son contratos parciales forzados.
Menos negociación colectiva y peores convenios. ¿Acabaremos quedando
millones de trabajadores sin convenio y regulados exclusivamente por los
mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores?
Quiero pensar que no. La tendencia de la patronal es ir hacia unos
niveles de flexibilización al máximo, quitar la mayor capacidad de
defensa y representación posible por parte de los trabajadores. Pero
creo que la historia nos demuestra que cuando la cosas se fuerzan hasta
tales extremos, las reacciones que se consiguen son justo las opuestas.
En el ámbito más académico apreciamos como esta situación como una gran
oportunidad de avanzar en una línea que cuestione el actual marco del
mercado laboral y el actual empleo. Y apostamos por, en vez de hablar de
empleos, hablar de trabajos, aquellos voluntarios y los que cada uno
desarrolla en su ámbito familiar, de los cuidados, por ejemplo. Este
nuevo concepto hemos de ligarlo a una renta básica de ciudadanía. Hemos
conseguido en el ámbito sanitario y educativo unos servicios públicos y
gratuitos, hemos de conseguir ahora un mínimo suficiente para llevar
una vida digna a través de esa renta básica. Derivaría en que el empleo
como lo entendemos hoy desaparecería, se eliminaría esa obligada
dependencia del mercado, que no es neutro sino claramente es reflejo de
los intereses que tiene el poder económico en nuestra sociedades y
permitiría a todas las personas vivir con mucha más dignidad y sin esta
zozobra de la posible pérdida del empleo o el padecimiento de unas
condiciones muy precarias. En los últimos años se ha avanzado mucho, hay
sindicatos que abogan por ello y creemos que es un elemento importante
en línea con ese reparto justo de la riqueza.
Las dictaduras no solamente requieren
dictadores, sino personas que con su pasividad por no decir complicidad,
se lo permitan. Esto es aplicable, salvando las distancias, a la actual
situación.
Pero los partidos políticos con importante representación rechazan esa medida. La consideran además de utópica, inviable.
Los datos empíricos demuestran que no es así. Quizás a nivel político
no hay una mayoría de fuerzas que están por ello, pero desde una
perspectiva técnica se han hecho muestreos amplísimos tanto a nivel del
territorio de Gipuzkoa como de Cataluña, con millones de declaraciones
de renta. Eso sí, exige que la actual desigualdad existente, provocada
porque una parte de la población concentra una mayoría de recursos,
cambie. El sistema impositivo debe variar radicalmente. Entre las rentas
mayores, entre un 20-30% de la población tendría que pagar muchísimo
más pero en compensación el 70-80% de la población ganaría. Más allá de
lectura interesadas los datos demuestran que técnica y empíricamente no
estamos hablando de ninguna utopía, de ningún dislate cuando proponemos
esa renta básica. Por otra parte, esas posturas que desde el
convencionalismo afirman que esa renta supondría premiar al vago, caen
por su propio peso. Las personas no deseamos hacer trabajos casi
forzados u obligados. Tenemos que optar por aquellos a los que
encontramos sentido y que te permite como persona y sociedad avanzar.
Muchas personas emprendedoras que asumen muchísimos riesgos y esfuerzos
poniendo en marcha pequeños negocios, si tuviesen la cobertura de una
renta básica de en torno a unos 8.000 euros al año, significaría una
alivio importante a la hora de trabajar en aquello que más les realiza y
más aporta.
La modificación del
artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, es una vulneración en
toda regla, a juicio de los sindicatos, del derecho a la salud de los
trabajadores ¿Se puede afirmar que estar enfermo supone caer en riesgo
de ser despedido?
Teóricamente no pero en la práctica no solo ese artículo, el conjunto
de las medidas de la reforma laboral lo posibilitan. En las jornadas
vamos a tener a alguna de las personas que desde la magistratura se han
significado más desde una perspectiva progresiva y nos pueden plantear
en qué medida el actual marco jurídico y las posibilidades de su
aplicación evitan ese fenómeno. La magistrada y presidenta de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe
Biurrun; Rafael A. López Parada, magistrado de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León; y Miquel Àngel Falguera Baró,
magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
son personas que han significado en importantes resoluciones judiciales.
Los dos primeros han intervenido recientemente en los conflictos
laborales de Celsa Atlantic (ex Laminaciones Arregui) y de Coca-Cola,
declarando la nulidad de los despidos colectivos en esas empresas. En
ambos casos, la nulidad de los dos EREs ha sido ratificada por el
Tribunal Supremo, lo que ha supuesto la readmisión de más de un millar
de trabajadoras y trabajadores.
Precisamente Miquel Àngel Falguera Baró ha advertido en diversos
análisis que la crisis actual puede convertirse en el “caldo de cultivo
previo del neoliberalismo sin límites”. ¿Comparte el diagnóstico?
Podría serlo. Depende de cual sea la capacidad que tengamos para
aprovechar para cambiar radicalmente o dejarnos llevar por esta ola.
Estamos en una cultura que busca más individualismo y que tengamos
actitudes apáticas ente los cambios estructurales que se van
produciendo. Desde ámbitos como el nuestro, el universitario, tenemos
una gran responsabilidad en favorecer elementos de reflexión y de
solidaridad. Tenemos capacidad para hacer frente a estos intentos.
Quienes vivimos la época final del franquismo recordamos como entonces
se hablaba de que las dictaduras no solamente requieren dictadores, sino
personas que con su pasividad por no decir complicidad, se lo permitan.
Esto es aplicable, salvando las distancias, a la actual situación.
