Economía capitalista: conflicto y poder sindical
Reproduzco a continuación el artículo publicado con Jon Las Heras en el blog Economía para todas en El Salto
Asimismo ha sido reproducido en Avantar - Diario dixital de Confederacion Intersindical Galega , Economía Crítica y Crítica de la Economía , Viento Sur , Borroka Garaia da! , Rebelion , Kaosenlared , GREPA - Grupo de Economía Política Alternativa
No hay que fiarse de los discursos económicos dominantes
Si al estudiantado de economía se le pide
que defina conceptos como explotación, capitalismo, sistemas
económicos, crisis económica, poder económico o
clases sociales nos encontraremos con un gesto de total confusión, si
no de indiferencia: “pero si a mí solo me enseñan a hacer derivadas ¿de
qué me hablas?” Con toda probabilidad las estudiantes desconocerán
corrientes de análisis económico y corrientes de la economía política
alternativa o radical: las perspectivas kaleckiana y postkeynesiana,
regulacionista, institucionalista, ecologista y feminista, las
múltiples formas de entender el marxismo o las concepciones de economía
socialista y autogestionaria, impulsadas por economistas de ámbito
nacional e internacional [1].
Esto es, sin duda, una muy mala noticia. Sin embargo, y pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder
académico y político por marginar, esconder y silenciar dichas
corrientes, la realidad es que la economía capitalista real y, desde
luego, las relaciones laborales existentes se entienden principalmente
con los conceptos antedichos. Estos conceptos también han dado lugar a
cursos de introducción a la economía política como base de planes de
estudios e investigación alternativos pero, y a pesar de la necesidad
de ampliar las miras, el sistema económico dominante y sus aparatos
políticos e ideológicos se reproducen a través de lo que algunos
autores denominan como la “dimensión vertical” o el “poder de clase”.
El poder de clase en el capitalismo puede entenderse como la autoridad y poder
que ejercen desde las empresas, propietarios, directivos o perfiles de
supervisores y responsables sobre trabajadoras con, por ejemplo, la
amenaza de sanción o despido; la forma en la que intelectuales y
tecnócratas de diversa índole argumentan para deliberadamente desposeer
a personas “no expertas” de cualquier conciencia crítica, evitar
preguntas indeseadas, siquiera realizar propuestas alternativas; así
como el poder institucional de la patronal,
gobiernos y, eventualmente, algunas organizaciones obreras
conservadoras sobre el resto de segmentos de la clase trabajadora, en
contraposición con aquella más combativa y organizada en sindicatos
de contrapoder, a la hora de establecer el “modelo de país”. Todos
estos aspectos condicionan y determinan las decisiones sobre la
organización del trabajo y la producción, el intercambio o comercio, la
inversión, la explotación, el excedente y los procedimientos a seguir
para distribuir ese valor económico producido entre salarios y
beneficios. En definitiva, no hay que fiarse de los discursos
económicos dominantes, porque la ideología y política liberales
determinan la forma en la que nuestra sociedad capitalista se reproduce
materialmente y ésta condiciona, a su vez, nuestra forma de pensar e
interactuar con el prójimo.
Esta
explicación quizás pueda parecer demasiado teórica o abstracta. Quizás
con un par de ejemplos concretos derivados de procesos de crisis
empresarial, enmarcados en los ciclos y crisis económicas recurrentes
en el capitalismo, sea posible engarzar el discurso académico con la
realidad económica y de las relaciones laborales, apuntando así a la
necesidad imperiosa de desarrollar una actitud crítica para organizar
prácticas más subversivas y emancipadoras de la realidad que nos rodea.
El pasado año 2018 en un grupo
empresarial en Euskalerria dedicado a la fabricación de tubo industrial
de acero, la dirección del mismo presentó un plan de reestructuración
que buscaba “asegurar la viabilidad empresarial” afectando
principalmente a la planta productiva situada en Sestao y Trapagaran, en
Bizkaia. Este plan consistía en aplicar un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) para el despido colectivo de 157 trabajadores de un total
de 420 (mayoría hombres), la reducción de un 25% de los salarios para
aquellos que no fueran despedidos, y el cierre de la acería de la
planta que implicaba a medio plazo el cierre de la misma en la comarca.
La plantilla, organizada en varios sindicatos,
planteó una oposición razonada en la ausencia de causa económica y
productiva para el despido colectivo y el cierre de la acería. Durante
el proceso exigió la documentación e información necesaria para
realizar, por medio de sus gabinetes técnicos, un análisis económico de
viabilidad industrial que resultó certero y permitió mantener el
empleo y la industria, como se demostró posteriormente. A su vez pese a
la cobertura legal, por las reformas laborales de PSOE y PP
(2010-2012), y la voluntad del grupo empresarial de despedir a la gente
y cerrar la planta, situada en una comarca de permanente
desindustrialización, los trabajadores organizaron una huelga
indefinida de jornada completa que se alargó 43 días hasta que la
dirección cedió y retiró el ERE, hecho muy poco habitual en este tipo
de procesos, sin imponer posteriormente medidas de despido o reducción
salarial. Esta huelga, secundada por toda la plantilla e impulsada
principalmente por los sindicatos vascos ELA,
LAB y ESK, de un perfil reivindicativo, de contrapoder, tuvo el apoyo
de las respectivas cajas de resistencia para que los trabajadores
pudieran mantener un nivel suficiente de ingresos pese a la pérdida de
salario por ejercer el derecho a huelga. De otra forma y con otros
planteamientos sindicales, hubiera sido imposible el mismo resultado.
Durante el conflicto,
el Gobierno Vasco, con competencias tanto en Industria (PNV) como en
Trabajo (PSOE), trató de “mediar” en clave de dialogo social ante la
solicitud del grupo empresarial acorralado por la presión sindical de huelga, con la intención de debilitar la posición de poder sindical
y las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la mediación no fue
aceptada y no consiguieron sus objetivos. La expresión del conflicto
en este caso, en un sector industrial masculinizado, se centró en
quien paga la contracción económica cuando ha existido un abundante
reparto de beneficios en años anteriores. La defensa del empleo, la
actividad industrial y del salario resultó efectiva gracias a la
oposición de estos sindicatos a los planes del
grupo empresarial, en contraposición a un grupo empresarial que piensa
primordialmente en maximizar rentabilidad y beneficios, o a un gobierno
que trata de intervenir en defensa de los intereses de sus
empresarios. La lógica de concertación social, la mediación del
gobierno entre el trabajo y el capital, perseguía con la falaz búsqueda
del “término medio”, permitir que se impusieran los objetivos
empresariales [2].
