Alternativas populares frente a la crisis: La economía política del pueblo trabajador

Reproduzco a continuación el séptimo épigrafe del artículo "Frente a la economía política del capital, la economía política de la clase trabajadora: Alternativas populares ante a la crisis capitalista en Argentina" del economista argentino Mariano Féliz, publicado en la Revista Herramienta nº2 (web) en septiembre de 2009. El articulo trata de sintetizar tipos de medidas para enfrentar la crisis económica de forma que la clase trabajadora pueda salir de ella menos perjudicada e incluso reforzada tal como desarrollamos en el artículo "Del anarcosindicalismo a la autogestión: propuestas ante la crisis en clave revolucionaria". Si bien se centra fundamentalmente en qué medidas de políticas públicas -del Estado- pueden ser favorables a la mayoría social, por su interés en el debate propositivo en política económica, laboral y social lo reproduzco a continuación.

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7. Alternativas populares frente a la crisis: La economía política del pueblo trabajador
 

Frente a la crisis de las ideologías del capital en tiempo de auge (el liberalismo) se fortalecen las posiciones desarrollistas que pretenden reubicar al viejo Estado (capitalista) en el centro del desarrollo (del capital). No hay novedad en esto. El par liberalismo–keynesianismo es parte de la artillería ideológica de los sectores dominantes pues no propone nada que cambie (de fondo) la dinámica de la crisis (las relaciones sociales que la sustentan y expanden) y proteja al conjunto del pueblo trabajador.

Este presente re–actualiza la necesidad de proponer e impulsar alternativas que apuntalen un cambio social profundo, frente a un sistema de producción social que siempre carga los costos de su desarrollo sobre el conjunto del pueblo. En consecuencia, cabría retomar el llamado de Rosa Luxemburgo sobre el dilema de nuestro tiempo “Socialismo o Barbarie” (Luxemburg, 1915), como consigna que remite a la actualidad de la revolución, de la necesidad de una acción práctica para impulsar un cambio social.

Cabe señalar que estas alternativas no pueden ser simplemente salidas teóricamente racionales sino que es clave tomarlas de las mismas propuestas que las organizaciones populares, el pueblo organizado, está elaborando e impulsando desde su acción cotidiana.

Las propuestas que se analizan a continuación, o variaciones de las mismas, son impulsadas en diversa medida y con diferente grado de detalle, por diferentes organizaciones sociales de la Argentina (entre ellas, el espacio Otro Camino para Superar la Crisis, el Frente Popular Darío Santillán, la Central de los Trabajadores Argentinos, etcétera).[19] Remitimos a las mismas ya que consideramos que la implementación de las medidas adecuadas a las necesidades del pueblo requieren la modificación de la correlación de fuerzas sociales y por ello suponen la movilización activa de las clases subordinadas junto a la factibilidad técnico–política de las medidas que abran el espacio para un, potencial, triunfo popular. En tanto provienen de los propios procesos de organización, práctica y reflexión del campo del pueblo, estas propuestas (junto a otras) intentan no sólo atacar determinados problemas prácticos sino que a su vez son medios para profundizar la organización popular, no meras imposiciones, intelectuales, desde arriba.[20] Son, de alguna manera, propuestas de políticas públicas desde abajo (Dinerstein, Deledicque y Contartese, 2007).

Estas opciones de políticas públicas pueden resumirse en tres ejes que apuntan a (a) contener los efectos de la crisis, (b) mejorar las condiciones de vida de los sectores populares reorientando los fondos públicos contracíclicos y (c) crear condiciones que aporten a la popular para la superación de la crisis, y el capital, como modalidad de desarrollo de la sociedad.
 

7.1 Políticas de contención de los efectos.
 

Por un lado, medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la población de los efectos inmediatos de la crisis. Por ejemplo, la suspensión de los despidos por dos años, la creación de un ingreso universal equivalente a la canasta básica –comenzando por la elevación inmediata de los planes sociales (Jefes y Jefas, Familias)–, el aumento de emergencia en salarios y jubilaciones y la creación de tarifas sociales para los servicios y el transporte públicos. Debe agregarse la protección pública y promoción con créditos y subsidios de las experiencias de recuperación de empresas por sus trabajadores/as y los emprendimientos autogestivos y cooperativos.[21]

Este conjunto de medidas tienen como principal objetivo sostener y aumentar el poder de compra de los sectores populares con el fin de evitar las consecuencias inmediatas de la crisis. Mientras por un lado estas medidas permitirían evitar la pauperización de las familias más vulnerables, frente a la dinámica propia de la crisis capitalista, el aumento en los ingresos de los sectores populares también podrá crear un cierto contrapeso a las tendencias recesivas al aumentar el consumo de masas.[22]

De la mano de una reforma impositiva radical (ver más abajo) se podría avanzar en el sentido de la creación de un sistema de protección social que garantice un ingreso básico (IB) de manera universal, sin contraprestaciones (Féliz, 2009; Pérez, Féliz y Toledo, 2006).[23] Esto supondría una superación de la reciente reforma (re–estatización) del sistema de jubilaciones y pensiones. En efecto, hay que desterrar la idea de que el sistema de seguridad social (SSS) debe basarse en los aportes personales y patronales, actuando como una suerte de salario diferido. El IB supone concebir al SSS como un medio de redistribución del plusvalor no acumulado o consumo suntuario (y no del capital variable) al conjunto del pueblo trabajador para garantizar su consumo necesario (Féliz, 2008).

Por su parte, la reorientación de los subsidios desde las grandes empresas a los emprendimientos cooperativos y autogestivos podría dar nuevo impulso al desarrollo de un circuito de producción alternativo a la dinámica del capital.[24] Al recrear circuitos de producción de mercancías parcialmente por fuera de los circuitos del capital, estas iniciativas permitirían aislar en parte a trabajadores/as del movimiento contractivo de estos últimos, dominados por la ganancia y no por la satisfacción de necesidades. Aquí la acción pública decidida –articulada con la participación de la banca pública y/o cooperativa y las instituciones y organismos de producción de conocimiento científico y técnico– podría dar un fuerte impulso a estos emprendimientos.[25]
 

7.2 Políticas de desarrollo del hábitat y empleo autogestivo.

En segundo lugar, un conjunto de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones del hábitat de los barrios populares a través de un programa de obra pública dirigido a la provisión de servicios sociales básicos (agua, cloacas, luz y gas, servicios médicos, escuelas, hábitat comunitario).[26]

La crisis económica suele poner de manifiesto las contradicciones más evidentes del sistema. En las barriadas populares la carencia de infraestructura social básica es evidente: en 2001, el 27,1% enfrentaba privación material extrema, vinculada a las pobres condiciones de vivienda.[27] Mientras tanto los principales programas de inversión pública se orientan a la creación de infraestructura económica, es decir para el capital (autopistas, puertos, plantas energéticas). En 2009 el gasto en inversión real directa en “servicios económicos” alcanzaría (según el presupuesto del sector público nacional) los 8.185 millones de pesos, alcanzando los 20.087 millones de pesos el total de gastos de capital destinados a ese rubro. A modo de contraste, el total de la inversión directa para “vivienda y urbanismo” y “agua potable y alcantarillado” alcanzó los 812 millones de pesos, y el gasto de capital total en esos rubros llegaría a 6.503 millones de pesos.

El financiamiento estatal de programas de mejoramiento del hábitat en los barrios populares, con la participación directa en la gestión de los mismos por parte de las organizaciones populares, permitiría no solo enfrentar el impacto negativo de la recesión sino a la vez mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados del pueblo.
 

7.3 Políticas de socialización y superación de la crisis.

Por último, un programa de socialización de la producción estratégica (empezando por energía, transporte, comercio exterior y banca) bajo propiedad pública con gestión de trabajadores y usuarios, acompañado por una reforma tributaria que rebaje el IVA a los productos básicos y acreciente la carga impositiva de los sectores de más ingresos.

Por una parte, la socialización de las grandes empresas en sectores estratégicos permitiría avanzar en el sentido de una organización más democrática de la economía, una gestión sostenible de las riquezas comunes y un control social mayor sobre la producción y apropiación de las rentas provenientes de la explotación económica de los bienes naturales.[28] La socialización no es mera estatización sino que involucrará la creación de formas de propiedad de gestión colectiva de nuevo tipo. Además, supondría poner en discusión la (in)conveniencia de desarrollar actividades que deterioran profundamente las condiciones socioambientales con el fin de satisfacer los patrones de sobreconsumo de espacios capitalistas centrales.[29]

Por otro lado, una reforma impositiva radical, que reduzca la carga tributaria sobre los sectores más empobrecidos –a la vez que acreciente el peso de los impuestos sobre las ganancias y el capital– permitiría mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población.[30] Por ejemplo, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica podría, potencialmente, reducir en casi un 20% la incidencia de la pobreza (Domian, 2009).[31] En este caso, es de destacar que una política de reducción del IVA como la mencionada debe, necesariamente, ir acompañada de un incremento en la carga tributaria sobre los sectores capitalistas y que reciben ingresos derivados del plusvalor.[32] Esto es así porque, si bien la rebaja del impuesto al valor agregado pude mejorar las condiciones de vida de la población, es necesario compensar la pérdida de recaudación y avanzar en una mayor carga fiscal sobre los sectores que hoy son beneficiarios de un patrón de acumulación sostenido en la superexplotación del trabajo (Féliz, 2008b).
 

8. Conclusiones

La crisis que atraviesa la economía argentina y su impacto en las condiciones de reproducción de la vida son producto de las particulares condiciones de inserción del ciclo del capital local en el ciclo del capital a escala global.

La paradoja es que frente a la misma el capital, reacio a la intervención estatal, aparece demandando acciones del Estado que restauren su competitividad. En conjunto, esas demandas avanzan, nuevamente, sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador, profundizando sus niveles de privación.

Frente a ello, desde las organizaciones populares han surgido numerosas alternativas. Todas ellas plantean opciones de políticas públicas favorables a las mayorías y sobre todo muestran, a grandes rasgos, elementos prefigurativos de una economía política de los trabajadores y trabajadoras (Lebowitz, 2005). Este conjunto de medidas de emergencia (incompleto, perfectible pero realizable), surgido de las propias organizaciones sociales, permitiría no sólo proteger a los sectores más vulnerables del pueblo frente a la profundidad de la crisis y favorecer la recuperación económica, sino que permitiría avanzar por un camino de cambio social que trasforme la organización de la producción y la distribución de la riqueza. Para esto, claro está, el debate sobre las políticas apropiadas tendrá que articularse –o más aún, ser parte de él– con el movimiento social que el pueblo va construyendo.
 

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[1] Según el Ministerio de Economía sobre la base de datos del FMI.

[2] La caída de esos precios no significa que los precios de esas mercancías no se encuentren, en general, aun muy por encima de sus niveles históricos. En relación a 2001 las subas han sido, en general, muy fuertes: 70,3% los porotos de soja, 90,1% el trigo, 93,2% el arroz, 295,3% el petróleo, 145,9% el cobre y 43% el conjunto de los alimentos. Fuente: Ministerio de Economía sobre la base de datos del FMI.

[3] Pueden verse numerosos estudios que analizan las causas y dinámica de la crisis mundial en Herramienta, Nº 40 y Nº 41.

[4] Lograron de esa manera multiplicar el hambre y las revueltas contra él en muchos países de la periferia (Katz, 2008).

[5] Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos de producción por hora trabajada en la industria manufacturera, provenientes del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos.

[6] Fuente: Estimaciones propias sobre la base de datos de compensación real media anual total para trabajadores de la industria manufacturera, provenientes del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos.

[7] Según las estimaciones del FMI, en 2009 la evolución del PBI real será: 0,11% en Chile, -1,3% en Brasil, -2% en Ecuador, -2,2% en Venezuela y -3,7% en México. Ver WEO (2009).

[8] Los principales rasgos de la inserción argentina en el ciclo mundial del capital son: exportaciones e importaciones que representan un 44,9% de la producción bruta doméstica (PBI), los productos primarios y sus manufacturas representan un 56,8% de las exportaciones totales en 2007, el capital extranjero representando más del 80% del valor agregado producido en 2004 por la cúpula empresaria, y un endeudamiento externo que representa más del 50% del producto en 2005.

[9] En cualquier caso, la información provista por el INDEC se encuentra fuertemente cuestionada desde que en 2007 el mismo fuera intervenido por el Poder Ejecutivo. En tren de hacer alguna especulación, probable que siendo la inflación real mayor a la estimada, el resultado sea que el crecimiento fue sobreestimado en 2007-2008 y la caída en 2009 subestimada.

[10] Si bien las jornadas de fines de 2001 hicieron visible un proceso de rearticulación política de la clase trabajadora, cierto es que a partir de mitad de 2002 los sectores dominantes consiguieron contener (y reprimir) las alternativas más radicales y cooptar a los sectores organizativamente más débiles. De esa forma, a medida que avanza la consolidación de un nuevo arco político-social surgido de nuevas formas de lucha y organización en los noventa, los sectores del capital cuentan aún con la docilidad de los sectores más conservadores e integrados al sistema de dominación.

[11] A modo de contraste a comienzos de la crisis de 1998 mientras la inversión cayó 15,2% en el primer trimestre de 1999 (en comparación con igual período de 1998) el PBI se redujo un 2,6% (siempre según el INDEC). En la crisis actual, el impacto del freno a la inversión aparece como menos fuerte en términos del crecimiento del conjunto.

[12] En una reciente declaración la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –que agrupa a los principales agrupamientos del gran capital- señaló con evidente claridad sobre sus intereses mediatos: que “el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado” y que “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país”. Ver Asociación Empresaria Argentina (2009).

[13] Según un estudio de CTA (IDEF-CTA, 2008), en 2008 un 26,8% de los ocupados tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza y un 58,7% se encuentra empleado en condiciones de precariedad.

[14] Según el Observatorio del Derecho Social entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron (en términos netos) 162 mil puestos de trabajo registrados y 59 mil no registrados (Observatorio del Derecho Social, 2009).

[15] De la misma manera, en los noventa las políticas de flexibilización laboral buscaron trasladar el riesgo empresarial a los/as trabajadores/as, sin los beneficios que provienen de la propiedad de los medios de producción (Battistini, Deledicque y Féliz, 2002).

[16] No deja de resultar paradójico que mientras siempre se exige que los subsidios que el Estado da a los/as desocupados/as deben involucrar una contrapartida laboral o de otro tipo (Pérez, Féliz y Toledo, 2006), en el caso de las demandas de apoyo estatal por parte del empresariado nunca se hace referencia a la contrapartida concretas del mismo. En algunos casos la contrapartida ofrecida por los empresarios es mantener el empleo, asumiendo una suerte de derecho natural a despedir sin justa causa y de manera masiva a los trabajadores. Cabría cuestionar tal derecho teniendo en cuenta los altos costos sociales del desempleo masivo, no tomados en cuenta por el capital.

[17] Si asumimos que el subsidio promedio es de 300 pesos por trabajador por mes, esto significa que las empresas más grandes (principales beneficiarias del programa) están recibiendo un subsidio equivalente a unos 20 millones de pesos por mes.

[18] Podemos incluir aquí desde los pedidos de la UIA de una mayor y más veloz reintegro del IVA sobre las exportaciones industriales y las exigencias de la Mesa de Enlace agropecuaria de menores (tendencialmente nulas) retenciones. Por su parte, la AEA en la mencionada declaración exige que “en la medida de lo posible deben reducirse los gravámenes que desalientan la producción y las exportaciones” y “una reducción a las retenciones a los productos agropecuarios”.

[19] Ver, por ejemplo, la declaración “No votes contra el pueblo” del Espacio “Otro Camino…” previa a las elecciones del 28 de Junio (Documento 1, 2009) y la “solicitud de audiencia con la Presidenta” realizada por un conjunto de movimientos sociales y de desocupados el 24 de Julio de 2009 (Documento 2, 2009) o las declaraciones de la CTA del 20 de Julio de 2009 (Documento 3, 2009).

[20] Como sugiere Dunayevskaya, (2000), en ese movimiento la práctica del pueblo organizado se convierte en teoría, completando, en articulación dialéctica, el movimiento en sentido contrario desde el pensamiento a la acción. Dunayevskaya propone que el fundamento de la teoría social debe surgir de la propia praxis del pueblo. Es en esa imbricación que dicha teoría puede convertirse en fuerza material. En su propia actividad son los/as trabajadores/as quienes, organizándose, van encontrando (pensando y haciendo) esas nuevas formas de actuar que la vez permiten enfrentar, tendencialmente, los valores del capital prefigurando nuevas relaciones sociales.

[21] Ver, por ejemplo, Documento 2 (2009).

[22] De cualquier manera, debido a la reducida participación de los/as trabajadores/as en el ingreso total (menos del 30%) el impacto macroeconómico de un incremento en sus ingresos será –en principio- bastante limitado.

[23] Ver, por ejemplo, Documento 3 (2009) en que se plantea la demanda de “universalizar el salario por hijo y cobrar un ingreso asegurado para la familia de los desocupados y los trabajadores no registrados, un piso de ingreso”. También Documento 2 (2009).

[24] Desde finales de 2008 se observa el comienzo de un nuevo ciclo de experiencias de recuperación de empresas por parte de sus trabajadoras/es. El ciclo anterior de recuperaciones (2001/2002) ha colocado en el imaginario social de los/as trabajadores/as la posibilidad de la autogestión obrera como alternativa frente al cierre de las plantas por parte del capital (Magnani, 2009).

[25] En la actualidad, por el contrario, las políticas públicas impulsan una creciente vinculación de las instituciones de ciencia y técnica con los grandes capitales. Esto se produce tanto a través de pasantías laborales –que no son más que bolsas de trabajo barato y precarizado- como por medio de convenios de investigación y desarrollo que suponen en la mayoría de los casos la apropiación privada del saber producido (bajo la forma de acuerdos de confidencialidad y patentes) y el subsidio estatal a las empresas.

[26] Ver, por ejemplo, el documento 2 (2009) en el que las organizaciones firmantes exigen “Planes de Obra Pública y Construcción de Viviendas populares […] Que sean ejecutados por las organizaciones independientes vecinales y de desocupados a través de sus cooperativas, y supervisadas por […] por las propias organizaciones de trabajadores”.

[27] En 2001, el último Censo Nacional de Población marcaba que un 14,3% de la población del país tenía sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Este indicador refleja fundamentalmente las precarias condiciones de hábitat y otras vinculadas a las posibilidades de acceso al mercado laboral y por ello al ingreso.

[28] Según Lozano y Raffo (2007) el volumen de rentas extraordinarias derivadas de la explotación de las riquezas naturales de base energética, minera y agraria superaban en 2007 los 20 mil millones de dólares.

[29] Cabe recordar que los más importantes emprendimientos de explotación de las riquezas naturales (tales como la minería del oro o la producción sojera) orientan la mayor parte de su producción directamente a la exportación a los fines de satisfacer la demanda internacional. En estos negocios los productores capitalistas se apropian de la mayor parte de los beneficios, mientras que los costos socio-ambientales (denominadas por la economía neoclásica como externalidades negativas) son soportados por las comunidades locales.

[30] Ver Documento 2 (2009).

[31] Este sería el resultado de la eliminación del IVA en toda la cadena de producción-distribución de los productos de la canasta básica. Por supuesto, asume la traslación de la eliminación del IVA a los precios de los productos (los cuales se reducirían en un 16%). Esto supone la capacidad del Estado y las organizaciones populares de forzar -por diversos medios- tal reducción de precios.

[32] El consumo suntuario representaba en 2007 un 33,9% del ingreso total (Féliz, 2008b). Si bien esto implica una reducción en relación a 2003, todavía tiene una participación del 57% en el plusvalor potencialmente disponible. Además, la apropiación desigual de los ingresos se mantiene: según Lozano (2009) el 10% más rico se apropiaba de 28,7 veces más ingresos que el 10% más pobre (guarismo más alto que el de 1998: 22,8).