“¿Qué estrategias utilizan las empresas para vulnerar los
derechos sociales en contextos de crisis?”; “¿Es siempre buena opción la
política de pactos como ‘mal menor’?”; “¿Qué retos profesionales
existen para el reforzamiento del sindicalismo?”. Estas tres preguntas
han estado muy presentes en la segunda y última jornada del I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social que se ha celebrado en la Escuela de la Relaciones Laborales de la UPV-EHU.
Durante la mañana de este viernes, los responsables de los gabinetes
técnicos de ELA, CCOO y CNT han tomado parte en una mesa redonda que ha
analizado las cuestiones más relevantes para el “presente y futuro de la
defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, así como
las “posibilidades de avance social en las empresas y la economía”.
En ese contexto, el abogado Enrique Lillo y el economista Eduardo Gutiérrez –representantes del Gabinete Interfederal de CCOO- remarcaron
que en el Estado español “no hay cultura de información económica de
empresas”. “Si leéis sentencia de Coca-Cola o la de Tragsa –otro
conflicto reciente-, veréis cómo el primer motivo de nulidad del despido
colectivo ha sido la falta de información que había sido requerida”,
apuntó Lillo.
Estos temas también fueron abordados por la abogada Rita Giráldez y
el economista Lluís Rodríguez, integrantes del Gabinete Confederal del sindicato CNT. “Hay muchas empresas que utilizan los
despidos colectivos como medio de coacción contra sus plantillas”, han
indicado los asesores de la organización anarcosindicalista. En tal
sentido, Rodríguez citó una reciente sentencia sobre una empresa ubicada
en Andalucía que alegaba “dificultades” como motivo para despedir a sus
empleados y, al mismo tiempo, mantenía actividades fraudulentas.
Por su parte, los miembros del Gabinete de Negociación Colectiva de
ELA Haimar Kortabarria y Niko Iriarte -abogado y economista
respectivamente- denunciaron la “impunidad con la que se manejan” muchos
grupos de empresas. “Eso nos pone en una situación de indefensión
total”, destacó Iriarte. Precisamente, Kortabarria subrayó que la
reforma laboral ha traído una “enorme inseguridad jurídica” para las
trabajadoras y trabajadores.
